La declaración del expresidente Alberto GarreAlberto Garre en la comisión de investigación de la desaladora de Escombreras en la Asamblea Regional ha reabierto las heridas internas en el PP de la Región de Murcia, que alcanzaron su punto álgido hace ahora un año, cuando por estas fechas se produjeron una serie de acontecimientos (la dimisión por sorpresa de Antonio CerdáAntonio Cerdá y el auto del magistrado Manuel Abadía sobre Novo Carthago que apuntaba a Valcárcel) que dejaron muy maltrechas las relaciones dentro del partido.

El presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, respondió ayer a las palabras de su antecesor, que afirmó en la comisión parlamentaria que la desaladora de Escombreras no había sido «un buen negocio».

«El Ejecutivo de la Región de Murcia no hace negocios y si alguien que ha tenido responsabilidades de gobierno ha dicho eso tendrá que explicarlo», señaló Sánchez, quien en cambio elogió al también expresidente Ramón Luis Valcárcel, todavía máximo responsable de su partido en la Región, señalando que su comparecencia en la comisión de investigación de la desaladora de Escombreras había sido «seria, clara y útil», y que había servido «para disipar dudas del procedimiento para la puesta en marcha de la planta, ante la negativa del Gobierno socialista de dar agua a la Región».

Pedro Antonio Sánchez se refirió también a las palabras de Garre en las que no descartaba su regreso a la primera línea política, indicando que así se lo había recomendado el médico. «Yo creo que Alberto Garre fue de los primeros políticos que yo conocí cuando era un niño, en aquella etapa autonómica incipiente», manifestó el presidente murciano. Según él, Garre lleva «más de 30 ó 35 años» en la política, y de ellos más de 20 ocupando cargos tanto en la Asamblea Regional (fue diputado en la oposición, portavoz del Grupo Parlamentario y vicepresidente de la Mesa) como en el Congreso de los Diputados, donde estuvo entre 2004 y 2011, además de la última etapa como presidente de la Comunidad (desde abril de 2014 hasta julio de 2015) debido a la marcha voluntaria de Valcárcel al Parlamento Europeo.

El presidente regional, quien también es secretario general del PP murciano, recordó que Garre preside todavía la Comisión de Derechos y Garantías del partido, el organismo que tiene entre sus funciones la de abrir expedientes informativos a los cargos del PP que son imputados en casos de supuesta corrupción.

Sobre la actuación del Gobierno que preside sobre la desaladora de Escombreras, Sánchez explicó que se está actuando «con total transparencia», aportando tanto a la Asamblea Regional como al Tribunal de Cuentas y la Fiscalía la documentación que se requiera sobre la planta.

Sobre las palabras de Garre se pronunció también el senador popular Pedro José Pérez. «Me imagino que si vuelve a la política estaría en su partido y dudo que lo hiciera fuera del PP», afirmó Pérez, quien añadió que «la vida política es como el Guadiana, aparece y desaparece». Sobre sus palabras en la comisión, el senador manifestó que «eran más políticas que otra cosa, porque Alberto Garre no ha dejado de ser político».

En privado, algunos dirigentes populares eran muy críticos con el expresidente, que siempre estuvo mucho mejor visto entre la militancia que entre el aparato del PP. «¿Hubiera declarado lo mismo si lo hubiéramos propuesto en julio como senador autonómico?», se preguntaban ayer algunos cargos públicos populares. Garre, pese a las promesas que tenía de la dirección nacional del PP, no fue propuesto por su partido como senador autonómico en el inicio de la legislatura. Por este motivo decía el pasado miércoles, tras su declaración en la comisión, que no le habían dejado seguir trabajando por su partido y por España «y a Rita Barberá sí».

Explicaciones de Cachá

La desaladora de Escombreras salió a colación de nuevo ayer en la Asamblea Regional, con la pregunta que el diputado de Podemos Antonio Urbina realizó a la consejera Adela Martínez-Cachá en la sesión de control al Gobierno.

Urbina denuncia que la planta cuesta a la Comunidad «más de 15 millones de euros al año, 40.000 euros al día, que pagamos entre todos los contribuyentes de la Región».

«La Consejería está subvencionando a través de Esamur, de manera indirecta a Escombreras, hay asientos contables que demuestran este tránsito indirecto», añadió Urbina. Cachá, por su parte, respondió que cuando se suprimió el Ente Público del Agua, fue la Consejería la que asumió sus competencias y que en 2013 se ordenó el traspaso de esas competencias a Esamur, «que suscribe encomiendas con Desaladora de Escombreras y ahí se establece que transferirá a la empresa las cantidades reflejadas en los Presupuestos».