El expresidente regional Alberto Garre ha dicho esta mañana, durante su intervención ante la comisión de investigación de la desaladora de Escombreras, que este proyecto "es evidente que no fue un buen negocio", ya que de 2012 a 2015 ha generado 13 millones de euros de pérdidas.

La declaración de Garre ante la comisión parlamentaria que investiga las gestiones relacionadas con la construcción y puesta en funcionamiento de la planta ha coincidido con la celebración de su 64 cumpleaños y ha dicho que, tras pasar por el médico hace unos días, éste le ha recomendado que "volviese a la política", algo, que, según ha apuntado, está pensando en hacer.

El expresidente regional ha declarado durante alrededor de 50 minutos ante la comisión parlamentaria, tras hacerlo su antecesor Ramón Luis Valcárcel, y se ha referido a los informes realizados por el Tribunal de Cuentas y por los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma para señalar que, aunque la planta rindiera al máximo, al estar el precio del agua subvencionado en un 95%, continuarían produciéndose pérdidas de once millones anuales.

El expresidente, que ha anunciado que su declaración sería pública al iniciarse la comisión, ha dicho que "el problema de fondo es la falta de agua" y que si hubiese gestionado él la situación, "nunca habría aceptado contratos leoninos", se hubiese asegurado de la viabilidad financiera del proyecto y hubiese aconsejado a los ayuntamientos extremar la firma de convenios urbanísticos.

Además, según ha afirmado, habría intentado negociar con la empresa una salida de la situación mediante una transacción judicial y si no presentaría una demanda por "los contratos leoninos que han sido dañinos par a los intereses regionales".

En este sentido, ha aclarado que, en su opinión, los contratos firmados con ACS por parte de la Administración han sido "leoninos" porque "introducen una cláusula penal que solo contempla sanciones por incumplimiento de una de las partes", en este caso para la Administración.

"Sonarme los 600 millones me suenan", ha dicho Garre, con respecto al coste que debería asumir la Administración regional si incumple el contrato con la empresa propietaria de la planta ACS, y ha dicho que "en un principio eran 111 millones, después se habló de 140 millones y ahora de 180 millones, pero 600 millones no los admito de ninguna manera".

El expresidente murciano, que ha criticado la disciplina de voto en la política y el servilismo, ha calificado de "tremendo error" la moción aprobada por la Cámara el pasado noviembre para "blindar" el trasvase Tajo-Segura, como han hecho en otras comunidades, porque es inconstitucional y "ha roto el discurso de los últimos 20 años".

Garre, quien ha defendido, no obstante, la bondad del proyecto por parte del anterior gobierno, se ha mostrado seguro de que el ex consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cérda, que declarará ante esta comisión la próxima semana, "resolverá los interrogantes"

Así te hemos contado su comparecencia minuto a minuto