El consejero de Hacienda, Andrés Carrillo, quiere que la nueva Ley de la Función Pública que se propone negociar con los sindicatos entre a regular también al personal de los ayuntamientos y de las universidades públicas de la Región, lo que abriría la puerta a la convocatoria de concursos de traslados entre funcionarios de la Comunidad y de los consistorios. Carrillo, que ayer presidió una reunión de la Mesa General de la Función Pública, presentó a los sindicatos las líneas básicas del texto legislativo que pretende consensuar a partir de ahora. «Deseamos elaborar un texto integrador, con vocación de futuro y que responda a los verdaderos retos de la sociedad», adelantó el consejero, que aspira a introducir también el cumplimiento de objetivos en los puestos de trabajo de la Administración, así como el establecimiento de unas retribuciones acordes con el rendimiento de los empleados públicos, mediante la regulación de la carrera profesional.

La nueva ley sustituirá al aprobado en 1987, que se revisó en 2001 con la elaboración de un texto refundido. La pretensión de Carillo es llegar a consensuar una regulación «con vocación de continuidad, que tenga vigencia durante al menos diez o veinte años» y que contribuya a «profesionalizar y a hacer más eficiente la Función Pública». A su vez, el nuevo texto tendrá que partir de la regulación establecida en el Estatuto Básico del Empleado Público, de 2007.

Dejó claro que se trata de propuestas «novedosas» que están abiertas a la negociación, en las que se recojan los cambios en la regulación del trabajo que obliga a implantar la Administración electrónica, dado que exige un servicio permanente de «24 horas los siete días de la semana». El consejero destacó, entre las líneas estratégicas del nuevo modelo de Función Pública, «la posibilidad de una regulación común para todas las administraciones de la Región, en la que se incluirían las corporaciones locales y las universidades públicas». A su vez, esta nueva fórmula abre la puerta a la convocatoria de concursos de traslados que permitan el intercambio de personal entre ayuntamientos y Comunidad, por ejemplo. También considera que el establecimiento de objetivos en los puestos de trabajo y la aplicación de sistemas de evaluación que midan el rendimiento son algunos de los instrumentos más importantes de la nueva regulación, ya que suponen un factor de responsabilidad, de motivación del personal y de productividad de la Administración».

Se plantea recoger además «el acceso a la función pública de personas con discapacidad, las adaptaciones para estas personas en los procesos selectivos y en el puesto de trabajo, así como el acceso a puestos de trabajo para personas necesitadas de reinserción social y víctimas de violencia de género».