La desaladora de Escombreras paga un millón y medio de euros anuales a Enagás por suministrarle el agua del mar que trata la planta, aunque teóricamente debería haber construido su propia toma en la dársena de Escombreras. La consejería de Agricultura y Agua reconocía que este pago, al que se refiere en un documento oficial como «el canon de Enagás», es uno de los costes fijos de la desaladora que debe reducirse para rebajar los gastos de la planta. Según recoge el documento remitido por el anterior secretario general de este departamento, Francisco Moreno, a su homólogo de la consejería de Hacienda, que se publicó en el Boletín Oficial de la Región el 2 de marzo de 2015, la revisión del canon de Enagás era uno de los objetivos que se estableció en el plan elaborado por el Ente Público del Agua para reducir la carga que la desaladora supone para la Comunidad, junto con el contrato suscrito en el año 2006 con Hydro Management, la empresa del grupo ACS, que está cobrando a la Comuniad unos 14 millones anuales por el alquiler de la desaladora.
El documento enviado a Hacienda, que contenía el contrato programa suscrito entre la consejería de Agricultura y Agua y la empresa pública Desaladora de Escombreras, establecía las pautas a seguir a lo largo del año 2015 para reducir las pérdidas que registra anualmente mediante la revisión de los compromisos adquiridos con las compañías pertenecientes al grupo ACS y con Enagás.
Aunque el Ente Público del Agua, dependiente de la consejería de Agricultura, dio lugar a la creación de un complejo entramado societario que finalmente tuvo que ser reconvertido cuando la Comunidad liquidó las empresas públicas que no eran imprescindibles, el Gobierno ha mantenido la sociedad Desaladora de Escombreras, que es la titular del contrato de arrendamiento de la planta y de los compromisos de los demás pagos, entre los cuales figura el llamado canon de Enagás. Teniendo en cuenta que el acuerdo con la compañía Enagás se formalizó también a principios de 2006, cuando la consejería de Agricultura asumió el arrendamiento de la planta, la factura del suministro de agua abonada desde entonces debe rondar en torno a los 15 millones de euros. Sin embargo, parte de esta cantidad está pendiente de pago.
Desde hace tiempo se sabía que la desaladora de Escombreras utilizaba el agua empleada por Enagás para tratar el gas licuado que importa de Argelia y de otros países, pero el documento dirigido por Francisco Moreno a su homógo de Hacienda es el primer texto oficial que alude de forma expresa «al canon de Enagás».
Este canon corresponde al suministro de los caudales extraídos por la compañía dedicada a procesar y suministrar el gas natural que llega a Escombreras en buques en estado líquido. Para convertirlo en gas necesita elevar su temperatura utilizando agua del mar, que después de recorrer las tuberías de la planta de regasificación pasa a la desaladora de Escombreras para ser tratada y suministrada como agua potable. Sin embargo, la empresa propietaria de la planta, la sociedad Hydro Management, perteneciente al grupo de Florentino Pérez, solicitó una concesión a la Autoridad Portuaria de Cartagena para construir un cajón en el fondo de la dársena de Escombreras, que alojaría la toma de agua de la que se alimentaría la planta, cuya existencia se desconoce.
Esta autorización concedida por la Autoridad Portuaria venció en 2013 y no ha sido renovada, ante la resistencia del organismo responsable del Puerto de Cartagena a permitir que los caudales de la dársena, en la que atracan buques metaneros y petroleros, sean destinados al abastecimiento humano..
Sin embargo, el documento enviado por la consejería de Agricultua a Hacienda deja claro que durante todos estos años la desaladora se ha alimentado con los caudales que le aporta la compañía gasista. El problema es que las dificultades financieras llevaron a la empresa pública de la Comunidad que tiene alquilada la planta a dejar de pagar el arrendamiento a Hydro Management, así como la factura de Enagás y de la compañía Tedagua, otra sociedad del grupo ACS que se encarga del mantenimiento de la planta. Hydro Management llegó a reclamar la rescisión del contrato y el pago adelantado de los 25 años de vigencia, lo que elevaba su factura a casi 560 millones, aunque finalmente se avino a negociar la venta de la desaladora por unos 150 millones. Después, la falta de liquidez de la Comunidad tampoco ha permitido cerrar el acuerdo.
También Tedagua ha llevado a la Comunidad a los tribunales para cobrar una cantidad cercana a los 12 millones.
