­Agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras en colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) vienen realizando controles a ciudadanos de diferentes nacionalidades para prevenir la obtención fraudulenta o indebida de prestaciones por desempleo, informaron fuentes policiales en una nota.

«Las inspecciones se enmarcan dentro de la legislación vigente en materia de Seguridad Social, en la que se establecen las obligaciones que tienen los ciudadanos perceptores de prestaciones por desempleo, tales como la presentación de la solicitud, en los plazos establecidos al SEPE, para obtener la autorización necesaria para salir al extranjero», explicaron las mismas fuentes.

El objetivo de estos controles es «prevenir la obtención fraudulenta de las prestaciones por desempleo», apuntaron. «Para ello se inspecciona la documentación presentada para evitar posibles falsedades o usurpaciones de personalidad, así como la verificación de las entradas y salidas fuera del país», señalaron desde la Policía Nacional de la Región.

«En caso de no ser solicitada o siendo solicitada, no autorizada, ello conllevaría, si se detecta la salida del territorio nacional, que al ciudadano extranjero le sea suspendida la percepción de su prestación durante la estancia fuera de España, o también con la extinción definitiva de la misma», manifestaron las fuentes.

En el periodo de tiempo que va desde junio a diciembre del año 2015 se examinaron 3521 expedientes de beneficiarios de diferentes nacionalidades y tipos de prestaciones, a efectos de comprobar si cumplían con la legislación vigente.

412 citaciones oficiales

De dicho sondeo se seleccionaron y se realizaron un total de 412 citaciones oficiales de forma aleatoria, con el fin de que los citados se personasen para los días indicados, en las dependencias de los SEPE de Lorca, Molina de Segura, Archena y Calasparra.

Una vez que los citados se personan en las dependencias del SEPE de las localidades respectivas, se comprueba la veracidad y autenticidad de las documentaciones que portaban, así como los sellos de entrada y salida de los pasaportes, dando cuenta de los mismos al SEPE para la retirada, en los casos en que proceda, de las prestaciones cobradas indebidamente por haber abandonado el país sin la correspondiente solicitud o la concesión de autorización.

Desde la Policía subrayaron que «las sanciones aplicadas comprenderían un mes de prestación por no acudir a una primera citación oficial, tres meses de prestación por incomparecencia una segunda vez y extinción de la Renta Activa de Inserción».

Según los Informes elaborados durante el periodo de tiempo mencionado por la Sección de la Unidad de Control del SEPE de Murcia, con la colaboración de agentes del Grupo IV de UCRIF Falsedades, de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, la no comparecencia de estas personas ha supuesto un ahorro a las arcas del Estado de 745.572,24 euros, incluyendo la cuantificación de las extinciones, sanciones, el cobro indebido y el lucro cesante.

Como consecuencia de estos controles, resultó detenido un ciudadano marroquí de 35 años de edad, por infracción a la Ley de Extranjería, ya que tenía ordenado un Expediente de Expulsión, detallaron desde la Policía.