La Comisión de Competencia Legislativa de la Asamblea Regional decidirá mañana miércoles si presenta alegaciones al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central a la Ley regional de Energías Renovables, que fomentaba el autoconsumo y que fue llevada al Tribunal Constitucional (TC) por considerar el Ejecutivo español que Murcia invadía una competencia estatal. Esta iniciativa legislativa pretendía apoyar el autoconsumo en la Región, que cuenta con unos 20.000 inversores en energías renovable, en contra de las pretensiones del ministerio de Industria, que ha aprobado una ley establecimiento una penalización para las familias y las empresas que generan energía fotovoltaica, a las que les sale más caro el recibo.

Solo las viviendas aisladas que no están conectada a la red eléctrica y que se limitan a consumir la energía que producen han quedado excluidas de lo que la asociación Anpier denomina «peaje al autoconsumo».

La explicación del Ministerio es que si los productores de energías renovables que vierten a la red eléctrica no pagan por utilizarla, se estaría desviando este gasto hacia otros usuarios en peor situación económica. Por eso, el Gobierno central decidió recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley aprobada en Murcia para fomentar el autoconsumo.

A su vez, Murcia había recurrido con anterioridad la reforma de las retribuciones destinadas a los productores de energías renovables, que ha rebajado las primas a los inversores murcianos.

Los miembros de la comisión, presidida por el diputado popular Marcos Ortuño, se reunieron ayer para abordar si la Asamblea Regional se persona y alega ante el TC contra el recurso, presentado el pasado 29 de diciembre, decidiendo que los diputados Isabel María Soler (PP) y Alfonso Martínez Baños (PSOE) preparen la ponencia al respecto, que será debatida y votada el próximo miércoles.

Todos los grupos consultados han adelantado su intención de proponer que la Asamblea Regional se persone aunque, en principio, PSOE y Podemos no quieren que haya alegaciones, postura contraria a la de Ciudadanos, mientras que el PP no se ha pronunciado al respecto y prefiere esperar a la próxima comisión.

Por parte del PSOE, Martínez Baños ha considerado que las discrepancias políticas por «matices» entre ambos gobiernos se podían haber resuelto en la Comisión bilateral creada al respecto, pero «ni siquiera se ha reunido» porque «el PP no quiere regular el autoconsumo».

Martínez Baños explicó la postura de su grupo, considerando que «el nuevo Gobierno que llegue a La Moncloa» derogará el real decreto que «pone trabas al autoconsumo», por lo que presentar alegaciones a un recurso ante el TC que «tardará en resolverse entre dos y cuatro años es innecesario». En la misma línea se ha postulado Podemos, cuyo diputado, Antonio Urbina, ha declarado que es aconsejable apostar por la proposición de Ley sobre Generación de Energía Eléctrica Renovable para Autoconsumo, aprobada en la Asamblea por la oposición, y que será defendida como iniciativa legislativa en el Congreso de los Diputados.

Por su parte, el diputado Miguel López Morell, de Ciudadanos, indicó que su formación va a seguir apoyando «cualquier posibilidad para que haya autoconsumo» frente a «las trabas» de las decisiones del Gobierno central siguiendo «intereses de las empresas eléctricas».