El Gobierno regional admitió ayer que no procederá de inmediato al despido de 1.200 empleados públicos como consecuencia de la enmienda incluida en los Presupuestos de 2016 que obliga abonar en diciembre el 38% de la paga extra de 2012 que tienen pendiente por cobrar los funcionarios autonómicos.

Tanto la consejera portavoz, Noelia Arroyo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, como el responsable de Hacienda, Andrés Carrillo, en declaraciones a la radio, repitieron ayer que el Ejecutivo buscará fórmulas «técnicas y jurídicas» para evitar que una serie de enmiendas añadidas por la oposición a los Presupuestos mermen los servicios públicos. En el caso de la extra y el pago de los meses de verano a los interinos, el Gobierno defiende que la oposición le ha obligado a incluir en las partidas de personal, que ya estaban cerradas, cerca de 40 millones más, sin especificar de qué partidas se sacaría este dinero, lo que a priori implicaría tenerlos reducir en esta cantidad del capítulo de Personal. Carrillo indicó que 40 millones es el equivalente a 1.200 nóminas.

No obstante, el Gobierno está a la espera de recibir el dictamen definitivo de la Comisión de Presupuestos, y a partir de ahí buscará la fórmula para, sin saltarse la ley que le llega de la sede de la soberanía popular, el Parlamento, evitar echar a gente. «No hemos mentido», señaló Arroyo tras reconocer que no va a haber despidos ya. «Hablamos de que esa sería la consecuencia de las enmiendas, pero nosotros ahora vamos a hacer todo lo posible para que no se produzcan esas consecuencias», dijo la portavoz.

Al Ejecutivo le preocupa principalmente aquellas enmiendas que tocan a proyectos finalistas con financiación europea y del Estado, que podrían suponer, según defiende el consejero Andrés Carrillo, que la Región pierda 30 millones de euros, además de que podría ser castigada con no recibir más subvenciones justo ahora cuando se opta a una convocatoria europea para los municipios.

Otra gran preocupación para el consejero es aquellas enmiendas que tocan las partidas de gastos corrientes en organismos como el SEF, que podría implicar quedarse sin dinero efectivo para mantener abiertas algunas oficinas de empleo en la Región.

Lo que no revela el Gobierno regional es la fórmula que optará para evitar ese perjuicio a los servicios públicos que, según señala, causaría la aplicación de las enmiendas aprobadas por PSOE, Podemos y Ciudadanos. Pedro Antonio Sánchez se enfrenta a una situación inédita en la historia autonómica, pues es la primera vez que un Gobierno no tiene mayoría absoluta en la Asamblea y, por tanto, se ve obligado a trabajar con enmiendas incluidas por la oposición contrarias a sus prioridades políticas. Hasta ahora, tanto con el PSOE como con el PP al frente de la Comunidad, el grupo mayoritario incluía las iniciativas de la oposición que quería, casi por decoro.

Las normas sobre la ejecución de los Presupuestos se encuentran recogidas en el texto refundido de la Ley de Hacienda, que fue modificada en 2014. Esta ley establece que «los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados por la Ley de Presupuestos», pero también da la oportunidad al consejero de realizar modificaciones.

Asimismo, es habitual que las Administraciones públicas no ejecuten al cien por cien los Presupuestos que aprueba cada año. Es frecuente en el Estado, que presupuesta cada ejercicio dinero para ciertas obras que luego durante el año no se ejecutan en su totalidad.