Las multas a las empresas que incumplan la normativa ambiental pueden llegar hasta el millón de euros si no aplican las medidas exigencias de la consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. Su titular, Adela Martínez-Cachá, y la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, Encarnación Molina, que ayer hicieron balance de los tres casos más conflictivos que trata de resolver la Comunidad, entre los cuales figuran los vertederos de las empresas Proambiente en Abanilla y Befesa en el Valle de Escombreras (Cartagena) y la compañía farmacéutica de Alcantarilla Derivados Químicos, a la que se ha autorizado la reapertura, un mes después de que dejara de funcionar. «Son expedientes que preocupan directamente a los ciudadanos y eso es prioritario para la Consejería», anunció Martínez-Cachá.

Encarnación Molina explicó que los expedientes pueden dar lugar a sanciones muy elevadas, aunque recordó que algunos de estos casos están en los tribunales, por lo que serán los jueces quienes impongan las multas por el daño causado.

En el caso del vertedero de Abanilla que ha dado lugar a la propagación de los residuos líquidos generados por la basura denominados lixiviados, Martínez-Cachá explicó que la Consejería «ha retirado hasta el momento 4.317,70 toneladas, que junto a otras 2.807 de trasiego interno han sido trasladados a depuradoras de la Región para su tratamiento. Hasta noviembre, el volumen de lixiviados extraídos ascendía a 801 toneladas».

Se trata de vertidos contaminantes generados en el límite con Alicante, que también se han extendido a los terrenos situados en la provincia vecina. Según explicó Martínez-Cacha, la Consejería está en contacto con la Generalitat para conocer las actuaciones que realiza cada comunidad autónoma.

Añadió que «la contratación de la dirección de obra y coordinación de la seguridad y salud ha permitido el inicio de actuaciones para cubrir los vasos 1-2 y 3, que hasta ahora han supuesto unas 200 horas de movimiento de tierras. Añadió que está previsto «incrementar el sistema de extracción de lixiviados mediante bombas hidráulicas que ahora mismo están aprueba» y anunció que dentro de poco se sacará a licitación el proyecto de recuperación de la zona contaminada.

Por otra parte, el vertedero de Befesa, cerrado al denunciarse que podía haber enterrado hasta 4.000 bidones con material contaminante en sus instalaciones del valle de Escombreras, fue clausurado el pasado 16 de septiembre por la dirección general de Calidad y Evaluación Ambiental. Los inspectores de Medio Ambiente constataron el enterramiento de envases con residuos peligrosos no autorizados, así como el almacenamiento de más de dos mil bidones de un compuesto químico. La consejera anunció que los técnicos emplearán «un georradar y técnicas como la magnetometría y la tomografía eléctrica para averiguar si efectivamente Befesa mantiene enterrados ilegalmente bidones con sustancias contaminantes, como averiguó el Seprona, lo que motivó al cierre de la empresa en septiembre. La consejera explicó ayer que la compañía «está justificando paulatinamente lo ocurrido y que la discrepancia hoy en día es menor de la que inicialmente se tuvo», mientras que continua proceso para «cuadrar los números». Según el informe presentado ayer, «la suspensión de la actividad continuará hasta tanto se acredite la realización de todos los requisitos impuestos en la resolución e informes técnicos posteriores.