El promotor de Totana que se ha querellado contra el expresidente Ramón Luis Valcárcel y numerosos miembros de sus gobiernos por supuesta corrupción urbanística ha ampliado la demanda para incluir el aval de 200 millones concedido a la antigua concesionaria del aeropuerto de Corvera entre las actuaciones del Ejecutivo que han causado un quebranto económico a la Comunidad. El empresario Manuel Núñez, que el pasado mes de septiembre presentó la querella en los juzgados, responsabiliza al expresidente y al exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá de lo que denomina «una trama piramidal», que permitió recalificar 180 millones de metros cuadrados en la Región gracias a los certificados expedidos por el desaparecido Ente Público del Agua a cuenta de los caudales de la desaladora de Escombreras. Su argumento principal son los planes urbanísticos aprobados por los municipios sin el amparo legal de la Confederación Hidrográfica del Segura que establece la Ley de Aguas anulados después por el Supremo y por el TSJ.
La querella, que recoge también los informes de la Intervención General y de los Servicios Jurídicos de la Comunidad que apreciaron un posible perjuicio económico a la Administración regional, fue asignada al Juzgado de Instrucción Número 9, que aún no ha resuelto si la admite a trámite. También está pendiente de admisión la denuncia presentada por el fiscal José Luis Díaz Manzanera, que ha investigado durante un año los contratos con el grupo ACS y la situación de la desaladora de Escombreras.
La pretensión del empresario es que los jueces establezcan un paralelismo entre los beneficios que el contrato de alquiler de la planta desaladora ha aportado a la constructora del grupo ACS, que preside Florentino Pérez, y el apoyo prestado por el Gobierno a la constructora Sacyr, accionista mayoritaria de la concesionaria del aeropuerto, que entonces presidía el empresario murciano Luis del Rivero, al avalarle una deuda de 200 millones que finalmente tuvo que asumir la propia Comunidad Autónoma.
Por eso pide ahora al juzgado que, además de averiguar los perjuicios que los contratos de la desaladora han causado a las arcas públicas y a los ayuntamientos que aprobaron convenios urbanísticos fallidos, investigue también la legalidad de la actuación del Ejecutivo regional al otorgar un aval a la concesionaria de Corvera cuando se quedó sin dinero para terminar la obra, que fue ejecutado en diciembre de 2013.
También pide que se investigue la orden del exconsejero de Fomento Manuel Campos que permitió al aeropuerto utilizar el título de gestor aeroportuario para tramitar ante Aviación Civil y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) las autorizaciones necesarias para poder abrir Corvera después de que la sociedad liderada por Sacyr perdiera la concesión del aeropuerto por negarse a entregar el aeropuerto si la Comunidad no le mejoraba el contrato para cubrir las pérdidas y conseguía el cierre del aeropuerto de San Javier.
El querellante también remite en este caso a los informes del Tribunal de Cuentas que ponían de manifiesto irregularidades en el trato a la concesionaria y un incumplimiento de la Ley de Hacienda. Recuerda que en sus dictámenes reprochaba a la Comunidad que fuese demasiado blanda a la hora de sancionar a aeropuerto por incumplir los plazos previstos en el contrato, sin contemplar «los incumplimientos en materia de financiación, que corría por cuenta y riesgo de la empresa».
Recoge las precisiones incluidas en el dictamen del Tribunal de Cuentas sobre la cuantía de las sanciones impuestas a aeropuerto, recordando que «podía ponerle una multa de 600.000 euros por infracción grave, pero solo la sancionó con 120.000 euros».
En el escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia el empresario señala que si «la trama piramidal de corrupción urbanística tenía como referencia la desaladora de Escombreras, hay otro soporte esencial de esta trama, destinada a la especulación inmobiliaria masiva en la Región, como fue la construcción del aeropuerto de Corvera, donde se aúnan toda una serie de irregularidades posibles».
Añade que la obra ha supuesto una inversión millonaria que ha dado lugar a «un despilfarro de dinero público por parte de unos responsables políticos que eligieron a la carta a los destinatarios de los fondos públicos».
Recuerda que, pese a estar terminado el aeropuerto desde enero de 2012, «la actividad es nula» y que el Gobierno tuvo que revocar oficiosamente la autorización concedida por Campos al aeropuerto para poder sacar a concurso un nuevo contrato de Corvera.
