La magistrada que tramita la querella de los socios del Club Náutico de Mazarrón contra el exdirector general de Puertos Marcos Ortuño, actual alcalde de Yecla, y el exconsejero de Obras Públicas Joaquín Bascuñana se está encontrando con una situación totalmente atípica, en la que debe resolver peticiones poco habituales. El abogado de los querellantes, Diego de Ramón, ha pedido a la titular del Juzgado de Instrucción de Murcia número 3, Christine Hernández, que revise las grabaciones realizadas por las cámaras de los juzgados la mañana del 28 de octubre, cuando el ex alto cargo de Obras Públicas acudió a declarar.

El abogado de los denunciantes considera que las conversaciones mantenidas por el exdirector general con los funcionarios de la Consejería citados como testigos por el propio Ortuño pueden invalidar las declaraciones de éstos. El letrado ha pedido penas de cárcel para los dos exaltos cargos.

Marcos Ortuño, que también es diputado de la Asamblea Regional, por lo que tiene la condición de aforado, había sido citado para declarar junto a Joaquín Bascuñana por la juez que está tramitando la querella. Aunque en su condición de aforado solo puede tomarle declaración el Tribunal Superior de Justicia, se presentó en el juzgado con intención de aclarar lo ocurrido y permaneció en la sede de los juzgados durante toda la mañana, esperando a que la juez recibiera una acreditación de la Asamblea Regional que confirmara su acta de diputado.

De Ramón ha pedido a la magistrada que revise las imágenes tomadas por las cámaras situadas en los pasillos de los juzgados para averiguar si los contactos mantenidos por Marcos Ortuño con los funcionarios citados para prestar declaración podrían inducir a pensar que el exdirector general y los testigos intercambiaron información que pudiera alterar la versión de los hechos ofrecida por los testigos.

El juzgado había admitido a trámite la querella y había citado a los dos querellados antes de saber que Ortuño era aforado, por lo que tiene que decidir ahora si sigue adelante con sus diligencias o imputa al alcalde de Yecla, en cuyo caso tendría que remitir la causa al TSJ.

Sin embargo, la magistrada se ha encontrado ahora con un problema añadido, dado que previamente debe resolver la petición del letrado de los querellantes y decidir si reclama los vídeos grabados en el pasillo de su juzgado la mañana de las comparecencias para tratar de descifrar las imágenes y averiguar si la charla entre Ortuño y sus antiguos colaboradores duró más de lo que sería prudencial, dadas las circunstancias. Según el letrado, las conversaciones fueron largas y se repitieron a lo largo de la mañana.

Los socios del Club Náutico acusan a Bascuñana y Ortuño de validar la cesión fraudulenta de la concesión del puerto deportivo a la empresa Bolnuevo de Turismo, S. A. (Boltursa), constituida, según la querella, por el presidente del Club, Juan Marín, sin su aprobación ni su conocimiento. Los propietarios de los puntos de amarre trataron de conseguir que la Consejería le quitara la licencia a la empresa Boltursa. Sin embargo, Diego de Ramón sostiene que «en 48 horas se firmó la orden de cesión de una concesión, cuyos derechos se elevan a 5,1 millones». El exconsejero Joaquín Bascuñana declaró que, como cargo político, tomó la decisión de acuerdo con los informes favorables de los servicios jurídicos y de los técnicos de la dirección general de Puertos.