Entregar a las comunidades autónomas la recaudación del 100% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), la propuesta básica de la fórmula que propugna el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel García-Margallo, para resolver el problema de la financiación autonómica, no solo no mejoraría, sino que perjudicaría los intereses de la Región. Lo revela un estudio de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), elaborado por el profesor de la Universidad de Zaragoza Alain Cuenca y la experta de Funcas Rosa González. En contrapartida, la fórmula de Margallo contempla la recuperación íntegra del IVA por parte del Estado.
La Región, que está a la cola de las comunidades en renta por habitante, figura entre las autonomías pobres. En consecuencia, sus contribuyentes pagarán menos de media por IRPF que el resto. De ahí que un sistema basado en el IRPF acabe perjudicando a regiones como Murcia y Valencia y engorde las arcas de Madrid y Cataluña. Este 'castigo' fiscal solo podría evitarse de implantarse mecanismos correctores que garantizaran la solidaridad.
Los autores del estudio analizan cómo se repartiría la tarta del dinero entre las autonomías en un escenario prácticamente calcado al que plantea García-Margallo en su propuesta de reforma del sistema de financiación. Y las conclusiones son alarmantes: la Región sólo incrementaría sus recursos un 0,10% (6,16 millones) en dos años o, según otra proyección, incluso retrocedería un 0,55% (perdería 33,63 millones) de aplicarse la 'receta' -con matices- de Margallo. Por el contrario, el sistema beneficiaría a Cataluña y, sobre todo, a Madrid.
No es extraño. El ministro de Exteriores en funciones, que fue número uno de la lista del Partido Popular por Alicante en las elecciones del 20D, no lanzó su idea desde la perspectiva de ofrecer una solución en España a la infrafinanciación de regiones como Murcia o la Comunidad Valenciana, sino para terciar con propósito conciliador en el debate catalán con un sistema que sería visto con buenos ojos en Madrid. Aunque no en todos los despachos porque el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, rechazó el modelo de Margallo y criticó que no habría permitido al Gobierno bajar el IRPF en 2015.
La fórmula pivota sobre la cesión a las autonomías del 100% del IRPF, así como de los Impuestos Especiales (como alcohol o tabaco), mientras que el Estado recuperaría todo el IVA y el Impuesto de Sociedades. El estudio parte del mismo esquema, salvo en los Impuestos Especiales, que también recuperaría el Estado. Estos últimos tienen un peso reducido y además ya están cedidos al 58%, con lo que la variación es mínima. Y todo ello, partiendo del vigente sistema de financiación.
En un primer escenario, considerados los recursos totales de 2011 y 2012 pero repartidos conforme al planteamiento propuesto, Murcia habría recibido en los dos ejercicios 6.094 millones, tan solo 6,16 millones más que lo que se produjo, un irrisorio 0,10 %, muy lejos de los 250 millones anuales que reclama el Gobierno regional para equiparar la financiación por habitante de los murcianos a la media de las comunidades autónomas. En la misma situación se encontraría la Comunidad Valenciana, que ganaría también un irrisorio 0,10%.
En el reparto, dejando al margen Canarias (tiene impuestos propios en lugar del IVA), la gran beneficiaria es Madrid, que obtendría 984 millones más, un 3,40% de aumento. Le seguiría La Rioja, que es una de las autonomías mejor financiadas en este momento, con un 0,87% y 15,8 millones más; Cataluña, un 0,73% y 272,7 millones de subida; o Cantabria (0,55% y 19,16). En conjunto, las regiones ganarían un 0,46%, 942 millones.
El otro escenario tiene en cuenta el Índice de Ingresos Tributarios del Estado (ITE), que se calcula a partir de la evolución de la parte estatal de los impuestos parcialmente cedidos. El resultado es todavía peor, ya que la Región perdería 33, 63 millones en relación a la cifra que obtuvo en 2011 y 2012.
Excluyendo Canarias, solo ganarían Cataluña (0,15%, 55 millones) y Madrid (3,01%, 871 millones). En conjunto, las autonomías perderían en este escenario 556,97 millones, un 0,2 %. De ahí que un sistema basado en el IRPF acabe perjudicando a regiones como Murcia y Valencia y engorde las arcas de Madrid y Cataluña. Este 'castigo' fiscal solo podría evitarse de implantarse mecanismos correctores que garantizaran la solidaridad.
