El promotor de Totana que se ha querellado contra el expresidente regional Ramón Luis Valcárcel acusa también a una docena de consejeros y altos cargos del actual Gobierno y del equipo del exjefe del Ejecutivo murciano de lo que define como «una trama de corrupción» que permitió la recalificación de 1.800 millones de metros cuadrados en la Región.

Manuel Núñez, que firmó un convenio con el ayuntamiento de Totana y pagó 2,5 millones a este municipio que trata de recuperar, apoya sus acusaciones en los autos dictados por el magistrado y el fiscal que investigan el caso de presunta corrupción urbanística Novo Carthago, los informes elaborados por la Intervención General y los Servicios Jurídicos de la Comunidad y la denuncia realizada por la Fiscalía a causa de los contratos de la desaladora de Escombreras, que la semana pasada fue remitida al juez.

A la información aportada por las causas judiciales abiertas y por los propios técnicos de la Comunidad añade también las sentencias del Tribunal Supremo que están anulando los planes generales de los ayuntamientos de la Región por incumplir la Ley de Aguas al aportar un certificado del Ente Público del Agua garantizándoles caudales de Escombreras en lugar de la autorización expedida por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

Los delitos que les atribuye en la querella son estafa, prevaricación continuada, falsificación de documentos, malversación de fondos, fraude, delitos societarios, contra la ordenación del territorio y otros. Al expresidente Valcárcel lo sitúa «a la cabeza» de la supuesta «trama piramidal», que permitió a los ayuntamientos ingresar 2.500 millones en diez años, mientras que del exconsejero Antonio Cerdá dice que actuaba como «ariete».

A los demás, entre los que figuran los exconsejeros Bascuñana, Ballesta (actual alcalde de Murcia), De Heras, De la Cierva, Sotoca e Inmaculada García, los considera «colaboradores necesarios en la puesta en marcha del Ente Público del Agua y los contratos de la desaladora con el grupo ACS o en las recalificaciones de suelo. A los actuales consejeros de Fomento y de Agricultura, Francisco Bernabé y Adela Martínez- Cachá, respectivamente, y la directora general de Urbanismo, Nuria Fuentes, los acusa de incumplir las sentencias del Tribunal Supremo que están anulado los planes urbanísticos.

Manuel Núñez llega a pedir prisión preventiva para los acusados, aunque apunta la posibilidad de que pueda solicitar más imputaciones, una vez que se inicie la investigación, que ha recaído en el Juzgado de Instrucción Número 9. Pide además «prisión preventiva y sin fianza para los acusados, ante la posibilidad de que, por su relevancia y poder» puedan destruir pruebas para «eludir sus responsabilidades».

El promotor también pide al juez que cite como testigos a una veintena de exaltos cargos de la Comunidad Autónoma y de otras instituciones públicas, como el expresidente de la CHS José Salvador Fuentes Zorita, cuyas acusaciones contra los promotores de la desaladora de Escombreras «por haber realizado la obra sin los permisos ni las autorizaciones» necesarias aporta igualmente en la querella.

La larga lista de testigos a los pretende citar a declarar está encabezada por el expresidente de la Comunidad Alberto Garre, que tuvo conocimiento de los informes elaborados por la Intervención General y los Servicios Jurídicos. También hay exalcaldes, funcionarios y otros exaltos cargos de la CHS.

Los acusados

Ramón Luis Valcárcel, expresidente del Gobierno regional

Joaquín Bascuñana, exconsejero de Obras Públicas

Antonio Cerdá, exconsejero de Agricultura

Fernando de la Cierva, exconsejero de Presidencia

Constantino Sotoca, exconsejero de Educación

Juan Antonio de Heras, exconsejero de Presidencia

Francisco Bernabé, consejero de Fomento

Adela Martínez-Cachá, consejera de Agua y Agricultura

José Ballesta, exconsejero de Obras Públicas y actual alcalde de Murcia

Antonio Sevilla, exconsejero de Obras Públicas y presidente de la Autoridad Portuaria

Nuria Fuentes, directora general de Urbanismo

Andrés Carrillo, consejero de Hacienda

Inmaculada García, exconsejera de Hacienda y presidenta de Loterías del Estado