La Fiscalía ha pedido la paralización cautelar de las obras de llegada del AVE a Murcia iniciadas el pasado verano. De esta manera, ha hecho suyos los informes remitidos por el fiscal de Medio Ambiente de la Región, José Luis Díaz Manzanera, y ayer presentó un recurso a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional solicitando la paralización de dichas obras, lo que podría implicar un retraso en la red de Alta Velocidad en la Región.

Los informes analizados reflejan que las obras carecen de un requisito legal como es la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), y, en concreto, la Fiscalía ha presentado este recurso contra la resolución de ADIF por la cual se denegaba la petición del fiscal de la Región de que se paralizaran las obras.

Por tanto, la intención es recurrir la resolución de adjudicación de obras. Según consideraciones del fiscal de Madrid, Benito J. Egido, «la ejecución de las obras es el resultado último de un procedimiento que carece de DIA, correspondiente a las que

efectivamente se han adjudicado para realizarse, sin que pueda sostenerse que es de aplicación suficiente a la DIA de 4 de junio de 2009, pues tal declaración contempla la realización del trazado ferroviario de forma completamente distinta».

Y es que el fiscal deja claro en su escrito que «en la DIA de 2009 se preveía un trazado soterrado en su mayor parte, mientras que ahora la mayor parte será en superficie». Asimismo, explica que en el informe pericial se llega, entre otras cosas, a la conclusión de que «el proyecto inicial -el relativo al convenio de 2006- solo coincide, con el que se pretende ejecutar, en un 18,92%, siendo diferente en el 81,08% restante, y sin perjuicio de las diferencias introducidas para la realización de la nueva estación intermodal Murcia del Carmen». Para la Fiscalía, «respetando el derecho de la Región a contar con las mejores comunicaciones ferroviarias, ya no nos cabe la menor duda de que (esto) no puede prevalecer sobre la protección del medio ambiente».

En este sentido, explica en su escrito que «tampoco pueden prevalecer los intereses de ADIF Alta Velocidad o de la empresa adjudicataria -Aldesa Construcciones S.A.-, todos muy respetables, sobre los de todos los ciudadanos».

Asimismo, justifica la paralización cautelar de las obras asegurando que «de llevarse a cabo, que, en el plazo de controversia judicial, podrían llegar a terminarse, todo el daño que pudiera causar el ferrocarril como se pretende realizar, resultaría prácticamente irreparable, o a un altísimo coste, que conllevaría otro perjuicio más para el conjunto de ciudadanos sobre los que terminaría repercutiéndose el del arreglo que pudiera llevarse a cabo o el trazado alternativo que hubiera que realizarse».

Tras esta petición por parte de la Fiscalía, el siguiente paso es que la Audiencia Nacional admita o no el recurso a trámite y valore las posibilidades de tomar las medidas cautelares.

Según fuentes de la Fiscalía, la semana que viene se dará trámite al recurso contencioso administrativo y se valorará la posibilidad de que se admita a trámite la demanda. Después habrá un plazo de dos meses para presentar la propia demanda.

Parlamento Europeo

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite la petición, llevada a cabo por varios afectados por las expropiaciones, de investigación sobre las presuntas irregularidades en materia ambiental por parte del ministerio de Fomento en la tramitación del proyecto de construcción de la supresión del paso a nivel de Senda de Los Garres.

A pesar de que el Gobierno regional, tras el pacto con Ciudadanos, anunciara hace unas semanas que dicho proyecto no se iba a realizar -la construcción de un puente provisional-, esta semana se inició el proceso de las expropiaciones.

La Comisión de Peticiones también admitió a trámite la denuncia presentada por la Plataforma Pro-Soterramiento sobre el proyecto de llegada del AVE a Murcia. Por lo tanto, desde el Parlamento Europeo también se ha iniciado una investigación al respecto.