Los telefonistas que atienden al ciudadano en la Agencia de Protección de Datos, con sede en Madrid, tuvieron ayer un día ajetreado. Desde primera hora de la mañana, según admitieron en la propia Agencia, recibieron decenas de llamadas procedentes de la Región de Murcia, todas de funcionarios de la Comunidad Autónoma indignados por la publicación en el portal de la transparencia del Gobierno regional de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de Administración general y los organismos autónomos, en la que se difunden los datos personales de casi 8.000 empleados públicos, desde ordenanzas hasta jefes de sección, así como su salario, tal y como adelantó ayer LA OPINIÓN.
Y es que muchos de los trabajadores consideran que la publicación de estos datos tan personales (nombres y apellidos) puede suponer una vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos y del derecho a la intimidad, por mucho que la Ley Regional de Transparencia avale en su artículo 13 («las instituciones obligadas por esta ley harán públicas las relaciones de puestos de trabajo, plantillas, catálogos de puestos o documento equivalente, referidos a todo tipo de personal, con indicación de sus ocupantes y relación jurídica, así como de sus retribuciones anuales», señala la normativa aprobada por el Ejecutivo de Alberto Garre) lo que ha hecho el Gobierno regional.
Los funcionarios también pueden presentar reclamaciones en la página web oficial de la Agencia de Protección de Datos (www.agpd.es), rellenando un formulario que se puede descargar en el mismo portal.
La publicación de la RPT motivó también la indignación de los sindicatos con representación en el sector de administración general de la Comunidad. Tanto UGT como CC OO, el CSI-F y La Intersindical han puesto a sus servicios jurídicos manos a la obra para saber si lo que ha hecho el Gobierno en el portal de la transparencia se ajusta a la legalidad en lo relativo a la difusión de los datos personales. «No se han tenido en cuenta las circunstancias de cada empleada y empleado público», señala la ugestista María José Salazar.
«¿Qué pasará con aquellas personas que tengan una orden de alejamiento, y que su probable agresor conozca ahora donde trabaja y lo que gana?», se pregunta Juan Miguel López, presidente del CSI-F, que exige la dimisión de la consejera de Presidencia.
«La Comunidad ha actuado de forma precipitada»
María José Salazar. UGT
Desde el sindicato UGT, valoran como «precipitada» la forma de actuar de la Comunidad Autónoma con la publicación de los datos, «especialmente porque se podrían haber vulnerado derechos fundamentales de las y los empleados públicos, ya que se asocia nombre y apellido a sueldo de la persona». UGT pone su gabinete jurídico a disposición de todos los funcionarios que quieran presentar una reclamación.
«Ahora somos la comidilla de toda la sociedad murciana»
Francisco Saura. CC OO
Francisco Saura, coordinador de la federación de servicios públicos de CC OO, asegura que el sindicato está a favor «de que todo lo público se haga público», pero reconoce que están molestos por la difusión de los datos personales. «Hay indignación generalizada porque ahora somos la comidilla de la sociedad murciana», manifestó Saura, quien reconoció que, desde el punto de vista jurídico, la Ley de Transparencia permite la publicación de estos datos.
«Varias empresas ya tienen la información en sus ordenadores»
Juan Miguel López. CSI-F
Juan Miguel López Blanco, presidente del sindicato CSI-F, afirmó que «nos consta que varias empresas ya tienen en sus equipos informáticos» la información que contenía la Relación de Puestos de Trabajo de la Comunidad. Cree que «la Agencia de Protección de Datos tendrá que determinar si el Gobierno no sólo ha vulnerado la Ley, sino que tendrá que pronunciarse sobre si la propia Ley de Transparencia cumple la legislación».
«Se sobrepasa el derecho a la intimidad por la publicidad activa»
Vicente Cervantes. La Intersindical
Desde el sindicato La Intersindical están esperando un dictamen de sus servicios jurídicos, aunque a priori consideran que no se ha debido hacer público los nombres y apellidos de los funcionarios de administración general. «Se sobrepasa el derecho a la intimidad por el principio de publicidad activa». Vicente Cervantes considera que el Gobierno regional «se ha extralimitado y ha actuado temerariamente».
