­Representantes de los cuatro grupos parlamentarios de la Asamblea Regional (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos) se comprometieron ayer con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) a llevar a cabo una reforma de la Ley de Vivienda que ofrezca mayor protección a afectados por ejecuciones hipotecarias y desahucios por impago de alquiler. Miembros de la plataforma se reunieron la semana pasada con los diputados para solicitarles una reforma legal similar a la que se ha llevado a cabo recientemente en Cataluña en esa materia, y en una nueva reunión mantenida ayer, los cuatro grupos políticos expresaron su compromiso de llevar a cabo ese proyecto.

Según explicó uno de los portavoces de la PAH, Francisco Morote, el objetivo es que esta nueva normativa regional pueda estar lista «cuanto antes», incluso antes de la aprobación de los presupuestos de 2016, para que pueda quedar contemplada en ellos.

Los diputados Víctor Martínez-Carrasco (PP), Joaquín López (PSOE), María Giménez Casalduero (Podemos) y Juan José Molina (C's) trasladaron su compromiso de reformar la actual Ley Regional de Vivienda, de marzo de 2015, para asemejarla más a la ley catalana, si bien, recordó Morote, no podrá ser tan completa, dado que la comunidad autónoma no tiene competencias en materia de consumo o de derecho civil, como sí tiene Cataluña.

La nueva normativa regional deberá también incluir medidas relacionadas con «la segunda oportunidad», para liberar a los avalistas en las ejecuciones hipotecarias o para obligar a los bancos a negociar soluciones con los afectados, entre otras.

Francisco Morote recordó que en la Región se ha mantenido el número de ejecuciones hipotecarias, y se producen una media de ocho desahucios cada día.