Las clínicas autorizadas para la realización de interrupciones voluntarias del embarazo tienen estos días que adaptarse a la nueva normativa que exige que tengan una autorización paterna para hacer la intervención en menores de 16 y 17 años; una autorización que ya necesitaban para las menores de quince años.

Sin embargo, en las clínicas aseguran que la realidad del día a día no variará de forma significativa. Francisco Valero, gerente de la clínica Ginemur, explica que «la ley ya obligaba a que existiera el consentimiento paterno y todas las jóvenes venían con sus padres. Solo en algunos casos había reticencias de la menor y al final se la convencía para que lo contara en casa», asegura Valero, quien apunta que «no nos encontramos casos de padres que no quieran que sus hijas aborten, más bien al contrario, en alguna ocasión ellos lo han pedido y son las chicas las que se han negado».

Valero sí que cree que esta reforma provocará serios problemas «a esas dos o tres chicas que cada año recibíamos en la clínica con un entorno familiar difícil o sin posibilidad de venir acompañadas de un tutor, ellas eran las únicas que interrumpían sin consentimiento porque la ley recogía la excepción; ahora tendrán pocas opciones. Podrán acudir a un juez, pero el tiempo corre».

La interrupción voluntaria del embarazo es libre hasta las 14 semanas de gestación. A partir de ese momento solo se puede hacer por graves problemas de malformaciones o peligro para la madre.