Mucha expectación y muchos acusados. Tantos que no cabían en ninguna sala del edificio de la Audiencia Provincial del Paseo de de Garay y el tribunal tuvo que habilitar una en la Ciudad de la Justicia. Ayer comenzaba el juicio al conocido como 'Clan de Los Pijetes' en el que estaban encausadas 47 personas, todas ellas acusadas de distintos delitos como tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, lesiones, o atentado contra agente de la autoridad.

La vista fue suspendida dos horas después de la hora prevista para su inicio el jueves a las 10.30 horas a petición de los abogados de los acusados, que alegaron que estaban en negociaciones con la fiscal antidroga para lograr acuerdos de conformidad que pudieran suspender el juicio, como finalmente ocurrió.

Los tres cabecillas del clan reconocieron los hechos y consiguieron una rebaja considerable de las penas que inicialmente solicitaba la fiscal antidroga del caso, María Isabel Neira -una media de 13 años-. Neira había admitido el aplazamiento del juicio al jueves, pero con la condición de que en el día de ayer se cerraran todas las negociaciones de conformidad de todos los acusados.

Según ha podido saber estar Redacción de fuentes del caso sólo tres de los casi cincuenta encausados, con penas menores, no llegaron a un acuerdo al no reconocer los hechos que se le atribuyen, por lo que la vista se celebraría contra estas personas exclusivamente.

Las condenas

Según el pacto de conformidad, Juan Ramón T.F. ha logrado rebajar su condena de 20 a 7 años y 5 meses de prisión. Éste era considerado, según el escrito de acusación, como «el principal dirigente de una organización dedicada a la distribución masiva de cocaína en amplias zonas de la Región de Murcia, y que era conocida policialmente como el 'Clan de los Pijetes'».

Su hermano José Luis, para el que se solicitaban 22 años, también se ha quedado en 7 años y 3 meses. Este acusado «cogestionaba la organización y cofinanciaba las compras de cocaína, ejecutando funciones de distribución, verificando el cobro de los suministros...», según el mismo escrito de la fiscalía antidroga. Además, «cuando era necesario asumía las funciones ordinarias de su hermano Juan Ramón».

Pedro, otro hermano, pasa de cumplir 19 años a 7 años y un mes. A éste también se le acusa, como a José Luis, de «cogestionar la organización dentro de las funciones específicas asignadas, dedicándose especialmente al control de los distribuidores medios dependientes directamente del clan, especialmente en la zona de Alcantarilla y en menor medida en Espinardo, entre otras».

Estas tres personas están consideradas los cabecillas de toda la trama y estuvieron en prisión preventiva cuatro años antes de su defensa fuese asumida por el letrado Raúl Pardo-Geijo Ruiz. Por ello, y según el pacto de conformidad, podrían salir en libertad en breve.

Otros tres acusados a los que defiende el mismo letrado murciano también han logrado una importante rebaja de penas al reconocer los hechos. Se trata de Pilar C. y Cinthia S., esposa de Juan Ramón y compañera sentimental de Pedro, respectivamente, quienes han visto reducidas de 10 a 2 años y seis meses, sus penas iniciales. Ambas podrían salir pronto de la cárcel porque ya cumplieron diez meses en prisión preventiva. En el caso de la primera, la fiscalía la acusa de trasladar los encargos que recibía para Juan Ramón «y atendía personalmente los pedidos de distribuidores vinculados al clan». Cinthia, de nacionalidad boliviana, «desempeñaba funciones similares» a la anterior, «atendiendo en múltiples ocasiones los pedidos de distribuidores medios». En ocasiones, «trasladaba la cocaína al lugar del pedido o impartía las indicaciones para su reparto».

Para Juan Manuel S. la fiscal pedía 10 años y se ha quedado en tres y medio. Este acusado «desempeñaba normalmente las funciones de entrega de pedidos de cocaína a los distribuidores medios de Espinardo». También custodiaba la droga y/o el dinero que recogía.

Al acusado Federico M., cuñado de los cabecillas y defendido por el letrado José María Caballero, el ministerio fiscal le pedía 16 años y se ha quedado en 7 años y un mes. Éste «desempeñaba funciones similares a José Luis y Pedro T.F. y «se encargaba de la distribución de cocaína en la zona de Espinardo y Las Torres de Cotillas».

Por último, Félix M., defendido por Mariano Bo, ha visto rebajada su pena de 12 años a 6 años y 9 meses al reconocer los hechos. Félix era «la mano derecha de este clan familiar, dedicado de forma permanente a las gestiones que eran necesarias para el buen fin de las operaciones de tráfico de drogas que ejecutaba la organización, en la que se encuadraba de forma estable y prolongada en el tiempo», según la calificación fiscal. La fiscalía además, le considera «una pieza esencial» en el organigrama del clan, «recibiendo órdenes directas de Juan Ramón».