Si lo que quería el nuevo Consejero de Hacienda y Administración Pública, con la noticia aparecida el pasado 6 de septiembre de 2015 en La Opinión de Murcia que informaba que "Hacienda aplaza a 2016 la devolución del cuarto de la extra a los funcionarios" de la CARM, era SORPRENDERNOS, LO HA CONSEGUIDO. No porque pensáramos que no podía ocurrir, sino por la torpeza que supone que las empleadas y empleados públicos de la CARM y sus representantes sindicales elegidos nos enteremos por la prensa de tales intenciones.

Sabemos también que "de esta medida se beneficiarán unos 17.000 funcionarios del Estado, que recuperarán unos 11 millones de euros" en 2015, y que "el consejero de Hacienda, Andrés Carrillo, sostiene que Murcia no puede permitirse el pago de los 22 millones que representa el cuarto de paga, dado que no está recogido en los presupuestos de este año" y que "se considera obligado a rebajar el déficit y a intentar contener la deuda, recuerda que ninguna otra comunidad se ha pronunciado todavía".

Parece que la devolución del cuarto de la parte extra de diciembre de 2012 a los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE), tampoco está contemplado en los Presupuestos Generales del Estado de 2015 y, sin embargo, ya tienen la fórmula para poder hacerlo. Lo que no llega a entenderse es cómo la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es la primera comunidad que se pronuncia, y además lo hace ante la prensa. Lo que si nos queda claro es que los empleados públicos de nuestra Región fueron los primeros en sufrir los recortes y parece que el Gobierno regional quisiera que fueran los últimos en recupearlos.

Tampoco parece muy claro que sea precisamente el importe de un cuarto de la paga extra arrebatada en su día a los empleados públicos el que vaya a desequilibrar las cuentas públicas regionales que tienen el dudoso honor de ser las más desviadas de todo el Estado respecto del límite de endeudamiento. Parece que hay dinero para endeudarse en todos los gastos habidos y por haber pero se extrema la cicatería cuando se trata de devolver a los empleados públicos sus derechos laborales y su salario incautado.

Llegados a este punto, habría que preguntarse también qué va a negociar la Administración Regional con las empleadas y empleados públicos si no tiene dinero para poner sobre la mesa. ¿Derechos laborales?. No parece, pues como es sabido que el primer derecho es el derecho al salario como contraprestación a los servicios profesionales prestados. Tal derecho fue conculcado con la expropiación de la paga extra que sufrimos en diciembre de 2012, a la que hay que añadir los complementos autonómicos de las pagas extras de diciembre de 2013 y junio de 2014 mediante Ley 4/2013, de 12 de junio, de Medidas Urgentes en materia de Gastos de Personal y Organización Administrativa. Bien haría el Gobierno regional en anunciar el inicio del proceso de devolución del salario incautado y disponer en los Presupuestos las partidas precisas para este fin. Entre tanto todas las apelaciones al diálogo son enmascaramientos de la continuidad de las políticas da ajustes y recortes y carecen de credibilidad.

Las Federaciones del Área Pública de CCOO demandan la puesta en marcha de un proceso creíble -y presupuestariamente dotado- de reversión de los recortes y recuperación de derechos en la CARM.

El Área Pública de CCOO exige, igualmente, que los empleados públicos autonómicos recuperen este trimestre el 26% de paga extra de 2012 que van a recuperar los empleados públicos estatales en virtud del principio de igualdad de trato y no discriminación.