La última comisión de investigación que se celebró en la Asamblea Regional fue impulsada por Ramón Luis Valcárcel, que estrenaba el cargo de presidente regional del Partido Popular. De esto hace ya 21 años. La solicitud oficial iba firmada por Juan Ramón Calero y los otros 16 del Grupo Popular.

Gobernaba María Antonia Martínez con mayoría absoluta del grupo socialista en la Cámara. El tema: la gestión del Centro Regional de Hemodonación. Entre las personas que comparecieron estuvieron Ramón Luis Valcárcel, acompañado de Miguel Ángel Cámara, como secretario general del PP y el entonces consejero de Sanidad, Lorenzo Guirao, junto con Rafael González Tovar como director general de Sanidad y Consumo.

Era la tercera comisión de investigación que se celebraba en la Asamblea Regional y las tres fueron soliticitadas por el grupo parlamentario Popular con los socialistas en mayoría absoluta. La primera fue en 1983 para «investigar los hechos acaecidos el 5 de julio de 1983, con motivo del desalojo por las fuerzas de seguridad de un número indeterminado de vecinos en el Polígono Infante Juan Manuel de Murcia». En 1988, gobernando Carlos Collado, se constituyó otra sobre el tráfico de influencias en las instituciones autonómicas a propuesta del entonces diputado popular José Juan Cano Vera.

Sin embargo, el tema de 'Casa Grande' sobre la compra de terrenos para la instalación de General Electric en La Aljorra fue la más popular de las comisiones de investigación de la Asamblea Regional, con importantes comparecencias de consejeros y ex altos cargos del Ejecutivo regional, responsables de Ferrovial y Sacyr.

Fue la gran operación de acoso y derribo contra Carlos Collado, auspiciada por un sector del socialismo murciano, encabezado por Miguel Navarro, entonces presidente de la Asamblea a la cabeza.Pero a efectos oficiales no pasó de ser una pieza separada dentro de la Comisión de Economía Hacienda y Presupuestos con motivo de la tramitación del informe del Tribunal de Cuentas sobre los resultados de la fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma correspondiente al ejercicio de 1989. Los tribunales posteriormente dejaron totalmente limpio a Carlos Collado, pero a resultas de la comisión se produjo una moción de censura del PP y la posterior dimisión del presidente de la Comunidad, relevado por María Antonia Martínez.

En las últimas cinco legislaturas, con los populares en el poder, ha habido muchas comisiones especiales de estudio, pero ellos, tan dado en la oposición a solicitar investigaciones, no han aceptado celebrar ninguna.

«Las comisiones de investigación están para depurar responsabilidades administrativas y políticas y trasladar a la Justicia las posibles ilegalidades», señala Pedro Antonio Ríos, que tiene cierta experiencia, ya que ha participado en las dos primeras de la Asamblea Regional y otras dos en el Congreso en su etapa de diputado nacional. En la misma línea se manifiesta Juan Ramón Calero, otro experto en la materia, pues participó en la del Centro de Hemodonación y en varias en el Congreso, entre ellas la de la privatización de Rumasa. Los dos coinciden que los cometidos son distintos a los de los tribunales de Justicia y que a veces se puede caer en la tentación peligrosa de buscar más la repercusión mediática que la aclaración de los problemas.

Para Ríos, las mayorías absolutas dificultan los objetivos de la comisiones de investigación, por lo que la nueva situación del mapa político en la Asamblea Regional puede hacerlas más operativas. «La mayoría puede bloquear su desarrollo retrasando o negando comparencias y documentos».

Muchas comisiones de estudio

En los últimos veinte años de mayoría popular se han fomentado mucho las comisiones especiales de estudio. Juan Ramón Calero recuerda la frase histórica de Madariaga, muy aplicada en el parlamentarismo inglés de «cuando no se quiere solucionar un problema se crea una comisión con un buen secretario».

El Empleo, la reforma del Estatuto de Autonomía, el agua y la igualdad de oportunidades han sido argumentos comunes muy recurrentes en estas comisiones.

En las últimas cinco legislaturas la Comisión Especial de Empleo se ha repetido con nombres similares. Si la situación del paro en la Región durante los últimos años, con porcentajes superiores al 25%, es más que preocupante no habrá sido por falta de comisiones y estudios. Y algo parecido sucede con la Reforma del Estatuto de Autonomía, que se empezó en 2005. Tras veinte años de mayorías absolutas los populares no llegaron a sustanciar las comisiones especiales de estudios.

Una avalancha de peticiones

Con esta nueva etapa política de la Asamblea, la Cámara ya tiene encargadas y aprobadas dos comisiones de investigación: una a petición de Podemos sobre el Auditorio de Puerto Lumbreras y otra a propuesta del PSOE sobre la desaladora de Escombreras, con otras en lista de espera como el aeropuerto regional o Novo Carthago. En menos de cuatro meses, se podrían constituir hasta media docena, lo que supone el doble de las que se han constituido en 32 años. En la desaladora de Escombreras se da la circunstancia de que se encontrarán los históricos protagonistas de la última de 1994 como González Tovar y Valcárcel, aunque en papeles distintos y como tercer invitado estará Cerdá, que ya formó parte de la comisión de los vecinos del Infante.

Las vueltas que da la vida.