La Comisión Europea anunció la pasada semana que llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la presencia de vertederos ilegales en diversas comunidades, entre las que se encuentra la Región de Murcia.
Y es que, pese a las advertencias del Ejecutivo comunitario, España no tomó las medidas necesarias para subsanar el problema de la insuficiente gestión de los residuos. En vista de que a mediados de 2015 España seguía sin proyectar la mayor parte de las obras necesarias, la CE ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE para forzar el proceso. Y, en lo que respecta a Murcia, la CE exigió a las autoridades competentes que procedieran al cierre, sellado y restauración de los dos vertederos de la empresa Proambiente. Ante dicho procedimiento, la consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente respondió a LA OPINIÓN que el avance del sellado y adaptación de los tres vertederos presentes en el informe se ha iniciado. Concretamente, el de Águilas, que es municipal, comenzará en agosto, con un plazo de ejecución de cinco meses, y con una inversión de unos dos millones de euros. El vertedero de Proambiente en Abanilla, de titularidad privada, que debe ser sellado por la mercantil que ha incumplido, cuenta con un proyecto de restauración aprobado en 2013 y en ejecución. Esta iniciativa contempla un plazo de ejecución de 5 años, porque también incluye medidas compensatorias sobre el LIC afectado. Se estima su finalización para el 2018 aunque podría concluir en 2016.
El vertedero de Santomera, tras varios requerimientos a la mercantil, ha informado el proyecto de restauración presentado por la empresa, como paso previo al inicio de la restauración. Son procedimientos para que pueda ser archivada la demanda, pero si no es así, Murcia se verá obligada a pagar la parte proporcional de la sanción impuesta a España.
