El juez del caso Púnica, Eloy Velasco, afirma que el imputado Alejandro de Pedro y el ex alcalde de Cartagena José Antonio Alonso estaban "al frente de un entramado de tráfico de influencias" con autoridades murcianas para la adjudicación de contratos públicos o para la prestación de servicios de reputación en la red para autoridades políticas, presuntamente abonados con cargo a las arcas públicas o utilizando la existencia de contratos públicos con terceras empresas.

Esto se conoce gracias a que ayer el juez levantó el secreto de sumario de las investigaciones realizadas hasta la fecha. En el auto, de apenas ocho páginas, el juez cree que el exconsejero de la comunidad de Madrid Francisco Granados y su socio, David Marjaliza, ambos en la cárcel, obtuvieron pagos de las arcas públicas por «la adjudicación de contratos públicos o la prestación de servicios de reputación en la red para autoridades políticas» tanto en Murcia como Madrid, Valencia y León.

El auto judicial, al que ha tenido acceso LA OPINIÓN, indica que en la Región «se descubrieron los contactos entre los imputados Alejandro de Pedro; José Fidel Saura Guerrero, jefe de gabinete del consejero de Industria; Mariola Fernández, directora general; el gerente Jesús Galindo y Reyes Samper, del Instituto de Fomento, para adjudicar varios contratos públicos a favor de las empresas de Alejandro de Pedro, eludiendo la normativa en materia de contratación pública».

Eloy Velasco deduce todo esto tras el estudio de las intervenciones telefónicas realizadas en el proceso de investigación de la causa, aunque informó de que estas conversaciones telefónicas y las declaraciones que están grabadas no estarán reproducidas hasta el próximo lunes.

El texto también hace mención al exconsejero Juan Carlos Ruiz, que precisamente dejó el cargo cuando fue imputado por la trama.

Sobre las relaciones entre de Pedro y Ruiz, el juez aclara que queda definido «que los contratos públicos adjudicados a las empresas del imputado Alejandro de Pedro, uno tramitado en el Instituto de Turismo y otro tramitado en el Instituto de Fomento de la región de Murcia, amparaban otros trabajos de manera encubierta, como la creación de un diario digital en Molina de Segura y la reputación y trabajos en redes sociales del Juan Carlos Ruiz». Fuentes cercanas al caso indicaron que el auto judicial deja entrever que a los imputados de la Región se les acusará de fraude, rebajándosele por tanto el número de delitos atribuidos en un principio.

El juez Velasco indicó ayer que el caso Púnica ha revelado «una trama muy compleja en la que hay muchas ramas y líneas de corrupción en distintos ámbitos y con distintas formas». Y añadió que «al final es lo de siempre, usar el dinero público para fines que no son para los que los ciudadanos pagan impuestos».

En el auto hecho público aparece también como imputado José Ramón Caravante Aguilera, hijo del empresario José Ramón Carabante.