La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca, Consuelo Andreo, que ayer trasladó al presidente de la Comunidad , Pedro Antonio Sánchez, la querella por el 'caso Auditorio', está citando para los meses de septiembre y octubre a los demás implicados para tomarles declaración.
Tras su comparecencia ante la juez, Pedro Antonio Sánchez, manifestó su confianza en el archivo de la denuncia de la Fiscalía, motivada por el supuesto pago del auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de este municipio sin que, presuntamente, estuviera acabado. Al abandonar el Juzgado, Sánchez recordó que el PSOE de Puerto Lumbreras ha presentado «otras quince denuncias» contra él, que han sido archivadas y se mostró convencido de que la decimosexta acabará igual.
«Me ha dado traslado la juez de una denuncia que se origina a raíz de una denuncia del PSOE de Puerto Lumbreras, que es la número 16. Las quince anteriores han sido archivadas y tengo absoluta confianza en que la Justicia lo aclare todo y lo haga cuanto antes», aseguró el presidente con gesto grave, sin dar detalle alguno sobre su comparecencia. Pedro Antonio Sánchez llegó al juzgado casi con media hora de antelación, acompañado por el alcalde de Lorca, Francisco Jódar, y su letrado, el decano del colegio de Abogados, Francisco Martínez Escribano. Permaneció dentro apenas unos veinte minutos.
La querella presentada ante el TSJ por el fiscal jefe, Manuel López Bernal, que el Juzgado de Instrucción notificó ayer al presidente, va dirigida contra Pedro Antonio Sánchez y más de una docena de exconcejales de Puerto Lumbreras, el secretario, la interventora, el arquitecto que realizó el proyecto del Auditorio, representantes de la empresa adjudicataria y exaltos cargos de la consejería de Cultura, que intervinieron en los trámites de la subvención abonada como pago de la obra. La Fiscalía responsabiliza a los querellados de presuntos «delito continuado de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude contra la Administración y falsedad en documento oficial».
La juez había citado a la mayor parte de ellos para esta semana con el propósito de notificarles la querella de la Fiscalía y los ha citado para tomarles declaración después de las vacaciones. En el caso del presidente, que está aforado, no podrá citarlo a declarar, sino que deberá remitir al TSJ sus diligencias para que la Sala de lo Civil y Penal decida si proceden. Esta Sala optó por enviar la denuncia a Lorca, dado que Puerto Lumbreras corresponde a este partido judicial. No obstante, apuntaba que, en el caso de que el Juzgado de Lorca encuentre indicios suficientes que afectasen a Sánchez en su condición de aforado, la magistrada deberá detener su investigación y devolverlas a la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ para que sea ésta quien tome las medidas que correspondan. De momento, ha pedido la lista de todos los miembros de la comisión de gobierno municipal que presidía Sánchez en 2008.
