Ciudadanos, la formación clave para la gobernabilidad de la Región y una veintena de ayuntamientos, ha lanzado un órdago al PP. La negociación para formar Gobierno queda suspendida mientras continúen en sus puestos el delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, la alcaldesa en funciones de Fuente Álamo, María Antonia Conesa, y el secretario general del PP en la Región, Miguel Ángel Cámara.

Así se lo dejaron claro los negociadores regionales de Ciudadanos (Juan José Molina y Mario Gómez) a los del PP (Francisco Celdrán, Marcos Ortuño y Patricia Fernández) en el segundo encuentro que ambos mantuvieron en el hotel Nelva de Murcia.

Los responsables del partido de Albert Rivera se levantaron de la mesa a los diez minutos de iniciarse la reunión al comprobar que el PP no tenía intención de firmar de inmediato el Compromiso de Regeneración Democrática que le plantearon dirigentes nacionales de Ciudadanos, Fran Hervías y Emilio Argüeso, en la primera reunión del jueves, en el que el primer punto es el compromiso de excluir a los imputados de los cargos institucionales y de partido.

«Han tenido tiempo para estudiar nuestra propuesta y esperábamos que hoy (por ayer) firmaran el documento o al menos trajeran un compromiso firme de que los imputados iban a dimitir. Bascuñana y Cámara deben estar fuera, aunque el PP nos indicaban que no entendían el por qué de Cámara al ser solo cargo de partido, pero en nuestro documento somos muy claros», manifestó Juan José Molina, diputado electo de Ciudadanos.

Los negociadores del PP, cuyo portavoz es Francisco Celdrán, aseguran que ellos no se han negado a firmar el Compromiso de Regeneración Democrática que les ha puesto encima de la mesa Ciudadanos, cuyo contenido (el que dimitan los imputados) «no produce escozor, no rechina», dijo el presidente de la Asamblea.

No obstante, en el PP defienden que lo que le han pedido al partido de Rivera es realizar unas aportaciones extra al documento de regeneración democrática, como el de ampliar la limitación de mandatos a todos los cargos de la Administración, establecer las listas abiertas y canales de participación ciudadana, o crear un protocolo de actuación frente al transfuguismo.

También añadir algunas otras cuestiones relacionadas con asuntos de interés para la Región como el agua y las infraestructuras. A su vez, pidieron a los negociadores de Ciudadanos que concreten de forma clara y por escrito qué cargos públicos imputados consideran que se tienen que ir.

Así, las conversaciones han quedado en punto muerto hasta que el PP realice un movimiento con sus imputados, lo que acrecenta la presión sobre Bascuñana y Cámara. «El tiempo apremia», advirtió Mario Gómez, concejal electo de C's en Murcia, recordando que este sábado se constituye el ayuntamiento de la capital y no facilitará la investidura de Ballesta, el candidato más votado pero sin mayoría absoluta, si el PP mantiene a los imputados.

Pero los imputados no van a ser el único escollo para el pacto. Ciudadanos ha elaborado un documento de condiciones más regionalizado en el que propone algunas exigencias que no van a ser del gusto del PP. Por ejemplo, dentro de las medidas (entre las que llegan a incluir que se elabore el trasvase Negratín-Almanzora) solicitan que sea incompatible ser alcalde o concejal en un ayuntamiento con ser diputado autonómico. Eso afectaría, entre otros, a dos de los negociadores populares, Patricia Fernández y Marcos Ortuño, diputados electos y futuros alcaldes de Archena y Yecla, respectivamente.

Reclama asimismo Ciudadanos la apertura inmediata de cuatro comisiones en la Asamblea sobre el aeropuerto de Corvera, la desaladora de Escombreras, el caso Novo Carthago y la adjudicación del contrato de la televisión autonómica a Secuoya. «A día de hoy, nuestro voto en la investidura de Pedro Antonio Sánchez será no», avanzó Miguel Sánchez, que fue candidato del partido 'naranja' a la presidencia de la Comunidad. Desde el PP recuerdan que los acuerdos «deben alcanzarse con responsabilidad y sin apriorismos ni imposiciones».