De las industrias anteriormente citadas, las únicas que no tienen lo que se denomina derechos de emisión gratuitos de gases de efecto invernadero son las eléctricas. Fue la ley 1/2005 la que recogió que estas empresas tienen que salir al mercado para comprar esos derechos y la que regula el comercio. En un primer momento, se lanzó un plan experimental, que abarcó de 2005 a 2007, en el que se entregó a estas empresas más derechos de los que necesiban, según explica Francisco Victoria, jefe del Servicio de Fomento del Medio Ambiente y Cambio Climático. Para el periodo 2008-2011, las cifras se ajustaron más, y el que ha comenzado en 2013 y que estará en vigor en los próximos 8 años, ya ha eliminado a las eléctricas los derechos gratuitos de emisión. Es decir, que tienen que salir al mercado a comprar cada tonelada que produzcan. Esta ley afecta a las tres plantas de generación eléctrica de ciclo combinado que hay en el cartagenero Valle de Escombreas, y que el año pasado certificaron una emisión de 915.328 toneladas de CO2. Las industrias tienen que acudir al Sistema Electrónico de Negociación de Derechos de Emisión de Dióxido de Carbono (SendeCO2) que actualmente ha fijado en 7,48 euros la tonelada emitida en el mercado de la Unión Europea. Es decir, que las eléctricas de la Región deberán pagar casi 7 millones de euros por contaminar la atmósfera. «El precio del mercado está subiendo muy lentamente, pues antes de la crisis económica, la tonelada llegó a pagarse a 15 euros», comenta Francisco Victoria. El resto de los sectores controlados, que han superado las cantidades de las emisiones que tienen concedidas, tendrán que comprar en esta ´bolsa de CO2´ un total de 945.865 toneladas, todas procedentes del sector de la combustión.