El PP impidió ayer que la Comisión del Estatuto del Diputado del Congreso investigue si el parlamentario del PP por Murcia y portavoz económico de la Cámara Baja, Vicente Martínez-Pujalte, vulneró el régimen de incompatibilidades con su asesoramiento a una empresa de Castilla y León relacionada con una trama de adjudicación de parques eólicos. No obstante, el diputado y excomisionado del Gobierno regional en Madrid tiene quince días de plazo para presentar alegaciones al escrito presentado por Izquierda Plural y el PSOE contra él, al considerar que en su actuación habría un posible «tráfico de influencias». Cuando Martínez-Pujalte presente las alegaciones o los informes que considere oportunos para justificar sus trabajos empresariales, la Comisión volverá a reunirse para ver si se ajustaron al Reglamento.
La decisión de no investigar a Martínez-Pujalte fue adoptada ayer con el aval del PP y el rechazo de PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el PNV, según explicaron tras la reunión los portavoces de la oposición, quienes, además, fueron los encargados de dar a conocer el acuerdo adoptado, después de que el presidente de la comisión, el 'popular' Aurelio Romero, rechazara informar a los medios de comunicación, alegando que los trabajos de este órgano son «secretos». Según han informado a Efe fuentes parlamentarias, la Comisión del Estatuto del Diputado había recibido un informe remitido por la Mesa que establece que, según el Reglamento, no es competente para abrir la investigación.
A raíz de que se conociera que Martínez Pujalte prestó hace años asesoramiento a una constructora investigada en Castilla y León relacionada con una trama de adjudicación de parques eólicos, por el que habría cobrado 75.000 euros, primero Izquierda Plural y después el PSOE pidieron una investigación en la Cámara al considerar que su labor de asesor superaba lo permitido por el Congreso y podría ser considerado «tráfico de influencias».
