El embajador de España en Londres, el cartagenero Federico Trillo, y el diputado del PP por Murcia Vicente Martínez Pujalte admitieron ayer que cobraron de una constructora especializada en obra pública mientras eran diputados en el Congreso, aunque recalcaron que cumplieron con todos los requisitos legales y sus obligaciones fiscales.
El diario elpais.com afirma que, según la Agencia Tributaria, que no ha encontrado ningún informe que justifique los cobros, Trillo recibió 354.560 euros en casi tres años y Vicente Martínez-Pujalte, 75.000 euros en poco más de uno, a través de sus despachos de asesoría.
La empresa pagadora, según este diario de tirada nacional, es Grupo Collosa, dedicada a la obra civil y una de las beneficiadas por los parques eólicos en Castilla y León.
El embajador en Londres hizo público un comunicado en el que aclara la relación de su despacho profesional, Estudio Jurídico LABOR, con la empresa Collosa y afirma que se reserva cuantas acciones legales estén a su alcance para defender su honor y su actividad profesional, así como las de su despacho y su familia.
En el comunicado, Trillo destaca que, según elpais.com, esa relación «había sido filtrada» al periódico por la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción, y considera «tan sorprendente como inadmisible que se utilicen de forma manipulada y sesgada datos tributarios de los contribuyentes».
En ese sentido, Federico Trillo recuerda el deber de las administraciones públicas de guardar el secreto de los datos de los contribuyentes, cuya infracción está tipificada como delito en el Código Penal y tiene penas de prisión de uno a cuatro años y de dos a cinco años «a quienes las difundieren, revelen o cedan a terceros».
Por su parte, Vicente Martínez Pujalte aseguró que tiene «la absoluta tranquilidad de haber hecho todo correctamente» y de haber actuado «de acuerdo completamente con la legalidad», tanto de compatibilidades con su cargo de diputado como de su declaración tributaria.
El diputado del PP ha señalado que trabajó efectivamente para Collosa durante dos años, entre 2008 y 2010, como asesor del que era consejero delegado, Mario Armero, y mientras éste permaneció en el cargo. El murciano insistió en que pidió la compatibilidad al Congreso de los Diputados, que le fue concedida y pagó los impuestos correspondientes.
Martínez-Pujalte, que mantiene una notable influencia en el PP de la Región de Murcia y fue comisionado de Asuntos Económicos de la Comunidad hace unos meses, señaló que a él no le está investigando la Fiscalía ni la Agencia Tributaria «al menos que yo tenga conocimiento», declaró a LA OPINIÓN.
Trillo añadió que LABOR firmó un contrato con Collosa -del que informó al Congreso en su declaración de bienes- para asesorar a la constructora en el proceso de su reestructuración de la empresa, sus estrategias de mercado fuera del ámbito de Castilla León, tanto en España como en mercados extranjeros, así como en el estudio jurídico de la mejor estructura como empresa familiar.
Subraya que tanto el contrato con Collosa como las correspondientes liquidaciones del IVA y del Impuesto de Sociedades cumplen con todos los requisitos legales, «lo que significa -añade- que Hacienda no ha descubierto nada de lo que ya no estuviera puntual y continuadamente informada».
El embajador en Londres recalca además que LABOR «nunca ha sido requerido de inspección ni de información alguna por parte de la Agencia Tributaria ni los inspectores de Hacienda».
El embajador en Londres destacó asimismo que LABOR «en ningún momento» intervino ni fue requerido para intervenir en ningún tipo de concesión o autorización de ninguna administración, «ni tuvo ni ha tenido nunca ningún tipo de asesoramiento o relación con centrales eólicas ni energías renovables».
