La resolución del ministerio de Justicia, publicada el martes en el BOE, que encomienda la gestión de los expedientes de nacionalidad a los Registros de la Propiedad y Mercantiles supone el inicio de la privatización del Registro Civil, según denuncia el sindicato CSIF, quien denuncia que el Ministerio «se ha sometido a los requerimientos de los registradores». efe
