La Ley del Suelo fue presentada a finales de febrero por el grupo Popular en la Asamblea Regional, como una proposión de ley, lo que le permitía acortar los plazos y poder tramitarla más rápido. El consejero de Fomento, Francisco Bernabé, destacó en su día que había obtenido el beneplácito de un amplio sector económico e indicó que en la misma se habían recogido el 90% de las peticiones de constructores, aparejadores, promotores, ingenieros de caminos..., es decir, todos los ligados al mundo del ladrillo. Sin embargo, nada habían podido decir otros sectores afectados, como el agroalimentario, a quienes no se les consultó con carácter previo. La ley, con Juan Guillamón como ponente en la Asamblea, tenía el 9 de marzo como fecha de fin del plazo de enmiendas parciales; el 11 de marzo se iba a presentar y debatir en su totalidad en el Parlamento regional; el 16 de marzo estaba previsto que entrara en la Comisión para aprobar o rechazar enmiendas; y el día 18 debía ir al Pleno para la aprobación de la Ley. Fuentes de la consejería de Fomento indicaron que «se está trabajando para recibir más aportaciones y sumar nuevas adhesiones y mayor consenso». El acelerón vino finalmente el miércoles desde la Junta de Portavoces de la Asamblea Regional, que abrió el plazo para presentar enmiendas a la ley y que finalizará el 23 de marzo a las 12 horas. El día 25 se votará.