La decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) de remitir a Lorca la querella de la fiscalía contra el consejero del gobierno murciano y candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, "es arbitraria e injustificada", según se recoge en el recurso presentado por el ministerio público.

El recurso, al que ha tenido acceso Efe, tacha también la decisión de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de "estrambótica", tras lo que pide al tribunal que acepte su competencia y anule su decisión anterior de enviar el asunto a los Juzgados de Lorca para que sea en éstos donde se investiguen los hechos, de los que se acusa a una veintena de personas.

Para el ministerio fiscal, su querella reúne todos los requisitos exigidos por la legislación para ser admitida a trámite ya que se dirige, entre otros, contra un aforado y, además, se individualizan los hechos presuntamente ilícitos cometidos por éste en torno al concurso y adjudicación de las obras del auditorio cuando era alcalde de Puerto Lumbreras.

Se dice en el recurso que resulta "estrambótico" que la Sala reconozca, "en principio", su competencia y que, acto seguido, señale que lo hace "a los exclusivos efectos de su presentación". "La competencia -asegura la fiscalía- se tiene o no se tiene, y viene establecida por imperativo legal; otra cosa es que la querella se admita o no se admita". "Si una de las personas contra las que se dirige -añade- es aforada, y resulta evidente que lo es el señor Pedro Antonio Sánchez, y los hechos objeto de la querella, de ser ciertos, pudieran ser constitutivos de delito, se cumplen los dos requisitos de admisión que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

En contra de lo mantenido por el TSJ para acordar la remisión de la querella a los Juzgados de Lorca, por pertenecer el municipio de Puerto Lumbreras a ese partido judicial, la fiscalía comenta que la Sala "niega, contra toda razón, la realidad incontestable de la rigurosa individualización de los hechos con relevancia penal atribuidos al aforado".

El recurso recoge esa serie de hechos que solicita sean investigados, además de ir acompañado de una serie de fotografías acreditativas de que las instalaciones no estaban acabadas cuando el ayuntamiento recibió las obras. Indica también el recurso que confirmar el auto recurrido -que contó con un voto particular discrepante- "supondría, dicho sea en términos de defensa de la legalidad propia del fiscal, la ratificación consciente y voluntaria de una resolución situada extramuros de cualquier razonamiento admisible jurídicamente".

Esta apelación planteada ahora deberá ser resuelta por un tribunal que no tendrá la misma composición que el que dictó el acuerdo anterior al haber salido del mismo el anterior presidente del TSJ, Juan Martínez Moya, al cesar en el cargo y ser sustituido por el magistrado Miguel Pasqual del Riquelme.

El auto contra el que ahora se recurre fue dictado con el criterio mayoritario de dos de los tres integrantes de la Sala, el propio Martínez Moya y el magistrado Enrique Quiñonero, y con el voto discrepante del tercer componente, Manuel Abadía.

Hace hoy una semana, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) decidió enviar a los Juzgados de Lorca la querella presentada por la fiscalía contra el consejero de Educación y exalcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, y otras veinte personas por la adjudicación del auditorio de esta última localidad.