­No podía imaginar Ramón Luis Valcárcel cuando en junio de 2003 asistía a la presentación oficial del proyecto urbanístico de Novo Carthago que la promoción de Hansa Urbana le iba a traer tantos quebraderos de cabeza, hasta situarlo al borde de la imputación judicial. Y es que el auto del magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Murcia puede considerarse como el carpetazo definitivo a un modelo de desarrollo basado en el sector de la construcción masiva que en teoría iba a convertir a la Región de Murcia en la nueva California y que al final solo ha provocado que los efectos de la crisis sean en la Región más devastadores que en otras zonas de España y que el partido que más impulsaba estos proyectos urbanísticos, el PP, tenga ahora el problema de tener a sus principales dirigentes imputados por la Justicia.

El proyecto de Novo Carthago, ideado por la empresa Hansa Urbana (participada por la CAM), incluía la construcción de una urbanización de lujo con más de 10.000 viviendas, dos campos de golf, áreas comerciales y zonas hoteleras en un espacio privilegiado situado junto al Mar Menor, en el término municipal de Cartagena. Además, según se informó en su día, se iban a crear 23.000 puestos de trabajo, que la inversión ascendía a los 1.000 millones de euros y que se iba a conservar y restaurar el monasterio de San Ginés de la Jara, un edificio que fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) pero que se encuentra en un estado de abandono.

Todo fue en los primeros años del siglo XXI y solo el PSRM de Pedro Saura levantaba la voz contra este modelo de desarrollo que calificaba de «caduco, insostenible y fuente de corrupción», lo que le valió incluso un tirón de orejas de la patronal CROEM por su negativa a apoyar el proyecto de Polaris World en Alhama de Murcia.

Una década después, muy pocos de estos grandes proyectos urbanísticon con miles de viviendas y campos de golf, por no decir ninguno, son una realidad y han generado un solo puesto de trabajo. Lo que ha supuesto Novo Carthago para el PP ha sido, en cambio, la imputación del delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, del todavía consejero de Agricultura y Agua (aunque ha dimitido), Antonio Cerdá, del exconsejero Francisco Marqués, de varios antiguos altos cargos de la Administración regional. Como colofón, si el fiscal así lo estima, podría llevar Valcárcel, hasta ahora líder intocable, a declarar en un juzgado como imputado. Las consecuencias para el Partido Popular pueden ser nefastas.

LOS QUE ESTÁN BAJO SOSPECHA