La dimisión de Antonio Cerdá como consejero de Agricultura y Agua tendrá como consecuencia que el caso Novo Carthago se quede sin aforados y, por tanto, deje de instruirse en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) para regresar al Juzgado de Instrucción Número 2 de Murcia, donde se iniciaron las investigaciones. Sin embargo, esto no se produciría de manera inminente, por lo que el magistrado instructor, Manuel Abadía, todavía contaría con tiempo para realizar sus últimas diligencias, que afectarían al expresidente regional, ahora vicepresidente del Parlamento Europeo y líder del Partido Popular en la Región, Ramón Luis Valcárcel, según apuntaron fuentes judiciales.
La inesperada dimisión de Cerdá del Gobierno, que adelantó LA OPINIÓN en su edición de ayer, se justifica en "motivos personales", según manifestó el propio consejero de Agricultura. No obstante, en círculos políticos se relaciona su salida con una maniobra para arrebatar a Manuel Abadía la instrucción de la causa, que investiga una serie de supuestas irregularidades administrativas para favorecer la construcción de un complejo urbanístico con miles de viviendas, campos de golf y hoteles de lujo en unos terrenos parcialmente protegidos situados en el término municipal de Cartagena, en el entorno del Mar Menor.
Y es que Abadía había apuntado, tanto en sus autos como en los interrogatorios, a que solo «una autoridad superior» podría poner de acuerdo a varias consejerías del Gobierno y al ayuntamiento de Cartagena para que, presuntamente, dieran todo tipo de facilidades al proyecto urbanístico impulsado por la empresa Hansa Urbana, cuyo presidente es Rafael Galea, también imputado. En las tomas de declaración a testigos e imputados, el magistrado ha insistido en el papel que jugó el expresidente regional y actual vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, en el proceso administrativo que culminó con la modificación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Mar Menor para permitir la contrucción de una urbanización.
Además, el magistrado ordenó a la Agencia Tributaria investigaciones sobre una de las hijas de Valcárcel y llegó a interrogar un domingo al yerno de éste en calidad de testigo, para interesarse por el viaje de novios que la pareja hizo a Australia y Nueva Zelanda cuando contrajo matrimonio en octubre de 2007. También citó a declarar al propietario del despacho de abogados de Sevilla que contrató a Rosario Valcárcel Cruz. Abadía sospecha que la hija del presidente pudo haber obtenido prebendas de Rafael Galea -el pago de la luna de miel y la mediación para que la contratara el despacho sevillano- para agradecer así a su padre la buena voluntad de la Comunidad para con el proyecto de su empresa, lo que supondría un delito de cohecho.
Hasta el momento, Manuel Abadía no ha llamado a declarar a Valcárcel ni ha dictado ningún auto para imputarlo en el caso Novo Carthago. Ahora tampoco puede, ya que, como vicepresidente del Parlamento Europeo, está aforado y solo puede ser investigado y procesado por el Tribunal Supremo. Si Abadía considera que hay indicios de delito, debería redactar una exposición razonada para enviarla al Alto Tribunal, como hizo en el caso de la alcaldesa de Cartagena y diputada del PP por Murcia en el Congreso, Pilar Barreiro. Si el juez tenía intención de pedir al Supremo la imputación de Valcárcel, ahora tendrá que pisar el acelerador. No obstante, el delito de cohecho prescribe a los cinco o los diez años, en función de si es activo o pasivo. Los hechos de Novo Carthago sucedieron en 2004, con lo que estaría a punto de prescribir. El Supremo ya rechazó imputar al presidente de Cantabria, Ignacio Diego, por considerar que el delito de cohecho del que le acusaban estaba prescrito.
Fuentes judiciales señalaron ayer a este diario que Abadía continuará con su trabajo hasta que tenga en su mano una comunicación oficial de la Comunidad informando de que Cerdá ya no es miembro del Consejo de Gobierno, algo que no pasará, como mínimo, hasta la próxima semana. Las mismas fuentes señalaron que no hay un plazo legal establecido para devolver el procedimiento al juzgado de instrucción. El magistrado Abadía se basará «en la jurisprudencia». Otros expertos jurídicos afirman que el hecho de que el caso Novo Carthago regrese a un juzgado ordinario no significa que la instrucción que Abadía ha realizado en estos últimos dos años vaya a quedar en papel mojado. El juzgado también podría redactar la exposición razonada si encontrara indicios contra algún aforado, como ya hizo en junio de 2013, cuando envió el caso al TSJ para que imputara a Antonio Cerdá.
En el caso Novo Carthago están imputados, además de Cerdá, el delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, el exconsejero Francisco Marqués, el exconcejal cartagenero Agustín Guillén, así como ex altos cargos de la Comunidad como Antonio Alvarado, Carlos Brugarolas, Manuel Alfonso Guerrero y José María Bernabé. También está imputado el empresario Rafael Galea, presidente de Hansa Urbana, y técnicos como Luis Romera y la ex asesora de Antonio Cerdá, María Antonieta Fernández. Además, el Tribunal Supremo instruye la parte referida a la aforada Pilar Barreiro, que declarará en calidad de imputada el 5 de marzo. En las diligencias se investigan los delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y contra el medio ambiente y la ordenación del territorio.
