Uno de los problemas endémicos de la Justicia en toda España es el retraso a la hora de resolver los miles de asuntos que se le plantean, debido principalmente a que los juzgados reciben tal cantidad de trabajo que no pueden resolver con los recursos materiales y humanos con los que cuenta la Administración de Justicia.

Las causas de esta lentitud del sistema judicial son muy variadas. Desde la falta de medios hasta el aumento de la litigiosidad pasando por la gran cantidad de recursos que las partes interponen a las resoluciones judiciales que eternizan los procedimientos. También el incremento de la litigiosidad experimentado en los últimos años, sobre todo en la jurisdicción social, debido fundamentalmente a la crisis económica.

Para otros, buena parte de la culpa del colapso de muchos juzgados en España se debe a la cantidad de medios, de tiempo y de esfuerzo que los jueces y fiscales emplean en resolver las faltas, aquellos delitos de menor entidad que concentran buena parte del trabajo de los juzgados ordinarios. En la mayoría de estos casos, las faltas se resuelven con una condena económica que muchas veces no suele sobrepasar los 100 euros. Demandas muy costosas para tan pocos euros.

Por ello, son cada vez más las voces que abogan por realizar cambios en la legislación con el objetivo de sacar las faltas del Código Penal. El ministerio de Justicia trabaja en un nuevo Código Penal que eliminaría el Libro III dedicado a las faltas, que podrían pasar a la vía civil o, lo que sería más lógico, a la administrativa.

En la Región, hay prácticamente unanimidad en la magistratura con respecto a la necesidad de despenalizar las faltas. Recientemente el magistrado Abdón Díaz Suárez, presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia, dictó una sentencia en la que reclamaba al poder legislativo «que instaure un razonable proceso despenalizador que deje fuera del Código Penal los ilícitos de gravedad menor para así no recargar en exceso las actividades de la Administración de Justicia». Abdón Díaz se expresaba así en una sentencia en la que rebocaba un fallo anterior de un juzgado de instrucción que condenaba a dos personas por una falta de lesiones y daños, las más habituales de estas infracciones menores, junto a las que tienen que ver con la seguridad vial.

El magistrado de la Sección Segunda defendía que esta descarga de trabajo que supondría la despenalización de las faltas permitiría aliviar a los jueces de instrucción, con lo cual se evitaría tener que declarar la prescripción de los hechos por el transcurso de los seis meses previstos para las faltas o por la ausencia de resolución judicial motivada en este plazo.

Una opinión similar tiene el futuro presidente del TSJ, Miguel Pasqual del Riquelme, quien declaró a este periódico que la despenalización de las faltas «es una necesidad que se viene trasladando en distintos foros jurídicos y no jurídicos, aunque compete al poder legislativo si determinadas infracciones deben ingresar en el ámbito civil o administrativo». Pasqual del Riquelme, asimismo, admitió que «nuestro catálogo de infracciones leves es excesivamente amplio y sobrecarga de manera innecesaria un sistema judicial, que precisamente necesita aligerar su carga de trabajo y no aumentarla». El futuro presidente del TSJ, que todavía está pendiente de tomar posesión de su cargo, llama la atención de que con la crisis ha aumentado la litigiosidad, debido al aumento de la conflictividad social y laboral.

La instrucción de las faltas afecta, sobre todo, al trabajo de los fiscales, hasta el punto de que el fiscal superior de la Comunidad, Manuel López Bernal, llega a afirmar que suponen el 50% del trabajo de los representantes del ministerio público. En la Memoria de la Fiscalía 2014 (con datos del año 2013), se recoge que los fiscales intervinieron en 5.878 juicios de faltas. «Según nuestros cálculos, atendidos el número de juicios que se celebran en cada día de señalamiento y distinguiendo según se trate de juicios de faltas ordinarios o inmediatos, a la celebración de faltas dedicamos a tres fiscales de esta plantilla todos los días del año, mientras para la persecución de la delincuencia organizada, en sus diferentes manifestaciones, tenemos una grave carencia de fiscales».

Manuel López Bernal se mostró partidario «de despenalizar la gran mayoría de las faltas, excepto aquellas de gran transcendencia pública y social, pues suponen aproximadamente la mitad del trabajo de esta Fiscalía, donde no sobran precisamente los medios materiales». El fiscal superior apuesta por llevar la mayoría de faltas a la vía administrativa, donde las sanciones económicas serían más importantes que en la vía penal.

El decano del colegio de Abogados de Murcia, Francisco Martínez-Escribano, no tiene claro que solo haya beneficios en la despenalización de las faltas. «Si las sacas de la jurisdicción penal para integrarlas en la civil, estás desvistiendo a un santo para vestir a otro, porque la sobrecarga va a llegar a ese ámbito, donde se están señalando juicios para 2016». Considera que el problema de la saturación de los juzgados se resuelve con unamejor organización.

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El expresidente del TSJ Juan Martínez Moya ha sido uno de los artífices del Plan de Prevención de Riesgos 2015-2016 del Consejo General del Poder Judicial, el primero con el que contará la carrera judicial en toda su historia y en cuya elaboración el órgano de gobierno de los jueces ha trabajado con todas las asociaciones judiciales.

El Plan recoge las características «singulares» de la actividad judicial, como por ejemplo que no se realiza sometida a horario concreto determinado y que el número de asuntos repartidos a cada órgano judicial no está sujeto a ninguna limitación, y establece una relación exhaustiva de los riesgos de salud para la carrera.

Entre estos figuran las agresiones y los riesgos psicosociales: estrés, acoso, etc. El Plan establece que «el CGPJ regulará la carga de trabajo de la carrera judicial a efectos de salud laboral».