Las universidades públicas de la Región de Murcia apoyaron ayer con sus votos en la asamblea extraordinaria de la Conferencia de Rectores (CRUE) la moratoria del decreto que permite a las universidades que quieran transformar sus estudios de grado actuales de cuatro años en títulos de tres años, que podrían completarse con másteres de dos. Hasta el curso 2017/2018 no se pondrá en marcha ninguna titulación con la estructura 3+2 gracias el acuerdo alcanzado y que no tuvo el apoyo de la Universidad Católica San Antonio (UCAM), que según fuentes universitarias fue una de las cinco universidades que se abstuvieron en la votación. José Luis Mendoza, presidente de la institución privada, ya dijo el pasado viernes que, aunque el cambio en la normativa le parecía precipitado, la UCAM estaba dispuesta a poner en marcha la reforma en algunos grados.
El rector de la Universidad de Murcia, José Orihuela, explicó a su salida de la reunión que «durante estos dos años se analizarán todas las implicaciones y el coste que supondría», para tratar de hacerlo despacio y en las mejores condiciones para la universidad española. Orihuela es de los rectores que opina que «el coste sería muy superior para los alumnos» porque los másteres tienen un precio más elevado. Además, hay que tener en cuenta, apunta Orihuela, «el coste que tendría para la financiación de las universidades, que perderíamos un cuarto de la subvención directa que recibimos».
Las universidades adoptaron el acuerdo reunidas en asamblea general extraordinaria con 57 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones, la mayoría privadas, según informaron fuentes universitarias.
El sistema de universidades español engloba 82 centros, de los que 50 son de titularidad pública y 32 privada. En rueda de prensa, el presidente de la CRUE, Manuel López, reconoció que el real decreto de reforma no pone plazos para implantarlo y que por eso mismo se han planteado esta moratoria. Recalcó que los rectores han tenido un diálogo «fluido» con el ministerio de Educación sobre este asunto, pero siempre han defendido que, a pesar de estar de acuerdo con una flexibilización de la duración de los grados, había que hacerlo con «prudencia y tiempo», pues «no era el momento oportuno de una modificación de esta naturaleza».
A su vez, fuentes de Educación han recordado que la normativa no indica una fecha para la aplicación, así que pueden implantarla «si quieren, cuando y como quieran». Argumentó López que hace poco tiempo que se implantó el sistema de grados de cuatro años y no ha sido evaluado suficientemente todavía. Además, llamó la atención sobre el momento «electoral» en alusión a las próximos comicios autonómicos y generales y los posibles cambios de gobierno.
López fue preguntado sobre el ahorro de 150 millones de euros que, según el ministro José Ignacio Wert, supondría para las familias pasar del modelo general actual de grados de cuatro años a otro de tres. Apuntó que si ese es el dato, el ahorro en gasto público en el sistema universitario español, que es cinco o seis veces superior a esa cantidad, sería de 750 o 900 millones de euros.
