La ruptura de las conversaciones entre la Comunidad Autónoma y Aeromur ha reabierto la batalla legal de Corvera en ocho frentes judiciales distintos, que se han ido acumulando desde que empezaron a retrasarse las obras de construcción del aeropuerto, que debía empezar a funcionar en 2010.
El Gobierno regional dio por terminadas las negociaciones el pasado mes de diciembre y pidió a los jueces que retomen los procesos suspendidos desde el 14 de febrero de 2014, mientras la Comunidad trataba de conseguir la autorización de Bruselas para concederle un crédito participativo a la exconcesionaria de algo más de 170 millones de euros.
Ante la evidencia de que esta alternativa se encontraba ya en vía muerta, el consejero de Fomento, Francisco Bernabé, ha dado por cerradas las negociaciones con la empresa liderada por Sacyr para poner en marcha la convocatoria de un nuevo concurso, al que concurriría la sociedad estatal Aena, en proceso de privatización.
En la intrincada batalla legal entre la Comunidad y Aeromur destacan tres procesos judiciales con especial relevancia para la Administración regional, conocidos como 'las tres erres': el reequilibrio del contrato exigido por la empresa, que el Gobierno le negó; la rescisión de la concesión en septiembre de 2013 y el reembolso de los 182 millones del aval que exigió el anterior consejero de Hacienda, Juan Bernal, cuando la Comunidad asumió la deuda.
El Gobierno regional presidido por Ramón Luis Valcárcel pidió a los jueces que suspendieran todos los procesos en trámite y, además, lo hizo sin exigir ningún tipo de garantías ni avales bancarios a Aeromur por dejar de reclamarle la deuda de 182 millones contraída por la Comunidad, lo que dio lugar al voto en contra de Bernal. Por su parte, Aeromur considera que si el aeropuerto ya es propiedad del Gobierno, no puede reclamarle los 182 millones. También la empresa dejó en suspenso los recursos interpuestos.
No obstante, el propósito del Gobierno sería llegar a pactar una liquidación de mutuo acuerdo que evitara el largo proceso en los tribunales. Los técnicos de la Comunidad están valorando el saldo definitivo entre ambas partes, mientras que la empresa asegura haberse gastado 266 millones, sin contar las expropiaciones. Asimismo, la lista de causas pendientes incluye además los recursos de Aeromur contra las sanciones por incumplimiento del contrato que el Gobierno regional se ha visto obligado a imponerle ante los retrasos en la construcción del aeropuerto.
El Tribunal de Cuentas también reprochó a la Comunidad que no impusiera otra multa por el retraso que originó la negativa de los bancos a conceder la financiación para terminar las obras, lo que llevó al Gobierno a avalar el crédito de 200 millones ante un sindicato bancario liderado por La Caixa, que la Administración regional se vio obligada a asumir en diciembre de 2013.
El Ejecutivo ha impuesto al menos tres multas a Aeromur, que sumarían 162.000 euros. La de mayor cuantía, que está motivada por la demora en las obras, ascendía a 120.000 euros. A esta cantidad se sumaría otra multa de 30.000 euros por una modificación del proyecto original no autorizada y otra de 12.000 euros por un delito medioambiental, la única que no fue recurrida.
