La Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma ha abierto diligencias informativas tras la denuncia presentada por el abodado murciano Diego de Ramón contra el presidente del PP regional y vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, y el exconsejero de Sanidad y exdelegado del Gobierno Francisco Marqués, por su participación en un crucero pagado por la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo (Hefame).
Así se lo ha comunicado la Fiscalía al magistrado del TSJ Manuel Abadía, que instruye las diligencias del caso Novo Carthago, quien le remitió la denuncia de Diego de Ramón, que representa a una asociación anticorrupción, para que, si lo consideraba oportuno, abriera una nueva investigación por un supuesto delito de cohecho. El fiscal superior, Manuel López Bernal, ya informó de la apertura de diligencias en una entrevista concedida a Onda Cero Murcia que recogió LA OPINIÓN.
Por otra parte, la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) concedió, entre julio de 2002 y octubre de 2006, un total de siete préstamos a la empresa Hansa Urbana, promotora del proyecto Novo Carthago, por un importe total de 43.750.000 euros, según el informe entregado al juez que investiga el caso.
El documento ha sido emitido por el Banco Sabadell, entidad que adquirió la CAM, y en el mismo se indica que aunque en los archivos de ésta no figura específicamente ningún préstamo concedido a la empresa «para la adquisición de terrenos e inversiones a realizar en Novo Carthago». se considera que esa pudo ser la finalidad de la cantidad prestada.
El escrito recoge también que en los expedientes de varios de esos préstamos no figuran tasaciones ni informes periciales y, en algunos, tampoco se ha localizado documento alguno de solicitud de la propuesta de riesgo.
La primera de estas operaciones de crédito fue formalizada a mediados de julio de 2002 por importe de 9,5 millones de euros y, hasta marzo de 2003, se suscribieron otros cinco, todos ellos, según se indicaba en los mismos, para la compra de terrenos de la Finca Miramar, en La Manga del Mar Menor.
El último, por importe de doce millones de euros, fue suscrito a mediados de octubre de 2006, y en el mismo sí figura que su finalidad era la adquisición de suelo en Novo Carthago, y preveía un plazo de amortización de 48 meses.
La comunicación de Banco Sabadell, que responde al requerimiento que le hizo el juez instructor del caso Novo Carthago, señala que no le puede entregar también la documentación que le había reclamado respecto a documentación administrativa y urbanística del ayuntamiento de Cartagena y de la consejería de Obras Públicas del Gobierno murciano al no haberse localizado.
