Joaquín Bascuñana no tiene la más mínima intención de abandonar por su propia voluntad el edificio de la avenida Teniente Flomesta donde se encuentra la sede de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia. Otra cosa distinta es que desde el Ejecutivo central se decida su cese. El delegado compareció ayer ante los medios de comunicación tras conocerse que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJRM) desestimó el recurso que había presentado contra su imputación en el caso Novo Carthago.
«Voy a defender mi inocencia y considero que puedo realizar perfectamente las funciones que estoy realizando hasta el día de hoy», manifestó el delegado del Gobierno. Bascuñana anunció además un cambio en su estrategia de defensa. Si cuando fue citado en el TSJ el pasado día 2 de julio se acogió a su derecho a no declarar porque no se había resuelto todavía el recurso presentado contra su imputación -este hecho, paradójicamente, ha sido clave para que el TSJ rechazara su escrito-, ahora avanza que acudirá a dar las explicaciones que le pida el instructor. Y si el juez Abadía no lo llama en un corto espacio de tiempo, el delegado del Gobierno está dispuesto incluso a acudir voluntariamente a prestar declaración junto a su letrado. «Mi intención es colaborar con la Justicia», señaló el dirigente.
El delegado del Gobierno presidió el acto de entrega de distinciones a los funcionarios de prisiones que llevan más de 25 años vigilando las cárceles y contribuyendo a la reinserción de los presos. Coincidió, curiosamente, con el secretario de gobierno del TSJ, Javier Luis Parra, y con el presidente de la Audiencia Provincial, Andrés Pacheco, así como con José Ortega, coronel de la V Zona de la Guardia Civil, institución con la que tuvo un incidente en la madrugada del domingo durante un control de alcoholemia.
Aunque en el Partido Popular regional son muchos los que dan por finiquitado su tiempo al frente de la Delegación del Gobierno, Bascuñana afirmó, no obstante, que ha recibido muestras de apoyo de sus compañeros de partido -«más de las que ustedes piensan», dijo- y se atrevió a asegurar que cuenta «con el apoyo del Ministerio», se supone que en referencia al de Presidencia, del que dependen los delegados.
El Ejecutivo de la nación ya respondió al PSOE, en una pregunta presentada por la portavoz Soraya Rodríguezen el Congreso de los Diputados sobre la situación de Bascuñana, que «los actuales delegados del Gobierno cumplen con los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico».
«Soy inocente, creo en mi inocencia y tengo que defenderla, y para ello seguiré todas las instrucciones e indicaciones que me dé mi abogado y que, lógicamente, haría cualquier ciudadano, porque este es el proceder en la Justicia», expresó el delegado, a quien acusan de prevaricación administrativa por haber firmado, cuando era consejero de Obras Públicas, la aprobación de la modificación del Plan General de Cartagena para desproteger unos terrenos junto al Mar Menor en beneficio del proyecto Novo Carthago.
