Unos 5.000 negocios de la Región que ocupan locales comerciales de renta antigua se ven amenazados por la revisión de sus contratos de alquiler. La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Murcia (UPTA) se ha unido a la plataforma 'No al cerrojazo' para reclamar al Gobierno y a los grupos parlamentarios una moratoria que evite la desaparición de los comercios situados en cascos antiguos de los municipios.

La organización considera que en la actual situación económica estos negocios no podrían afrontar unos alquileres a precios de mercado y pide una moratoria de diez años.

UPTA explicó ayer en un comunicado que el 1 de enero termina la moratoria vigente para los denominados arrendamientos de renta antigua de locales comerciales que tienen unos 200.000 negocios familiares de toda España. La organización explicó que estos establecimientos pertenecen en su gran mayoría a trabajadores autónomos, que «ahora deberán renegociar las condiciones de alquiler, viéndose abocados a asumir un importante incremento del precio de los mismos».

Estos arrendamientos ya se beneficiaron de una moratoria en 1993, que se aprobó debido a los problemas económicos que entonces sufría el país tras la crisis de principios de los años 90. Mamen Martínez, secretaria general de UPTA Murcia, explicó ayer que la situación económica resulta «sin duda mucho más grave hoy, en particular para los sectores más afectados por la medida, como son el comercio al por menor, talleres de reparación, hostelería o pequeños alojamientos hoteleros».

Según sus cálculos, en la Región hay más de 5.000 locales de renta antigua, especialmente en el centro de la capital y en los cascos antiguos de algunas de las localidades más importantes. Añadió que «por esta razón, UPTA se ha unido a la plataforma de inquilinos de renta antigua 'No al Cerrojazo'. Su objetivo es reclamar al Gobierno y a los grupos parlamentarios que se modifique la disposición transitoria tercera de la Ley de Arrendamientos Urbanos, estableciéndose un régimen transitorio consistente en una nueva moratoria de diez años. Mientras tanto, los pequeños empresarios irían asumiendo un incremento razonable y una actualización adecuada de los precios del alquiler»

Mamen Martínez anunció que trasladará a los grupos parlamentarios representados en la Asamblea Regional una propuesta para que por unanimidad se dirijan al Gobierno de la Nación con el fin de instar esta moratoria y de esa forma no perjudicar gravemente, no sólo los intereses sociales y económicos de un buen número de comerciantes murcianos, sino también evitar la consiguiente degradación urbanística de los ejes comerciales y la pérdida de atractivo turístico de algunas ciudades».