La aplicación de la llamada licencia exprés en los nuevos establecimientos de hostelería ha puesto en pie de guerra a la asociación 'No más ruido' de Murcia', que considera «ilegal, perjudicial y peligrosa» la decisión y amenaza con recurrir al Defensor del Pueblo y al Tribunal Constitucional si es necesario. El Grupo Parlamentario Popular propone en una moción aprobada en la Asamblea Regional sustituir las licencias de actividad de establecimientos de hostelería por declaraciones responsables, como las que se han establecido para el comercio, pero esta norma puede chocar en la práctica con la estricta regulación a la que están sometidas los locales públicos en los que, además de producirse una concentración de clientes, disponen de cocinas y de otros servicios que pueden implicar un riesgo para la seguridad.

La pretensión de los populares es agilizar el plazo de apertura de unos 500 establecimiento de hostelería que abren cada año en la Región y que, según las estimaciones de la presidenta de Hostemur, Soledad Díaz, llegan a tardar hasta un año en reunir todos los permisos y las autorizaciones administrativas que les exigen los ayuntamientos y la dirección general Industria. La pretensión es sustituir la licencia por una 'declaración responsable' del propietario. El diputado Patricio Gómez, que defendió ante el pleno la moción aprobada con los votos del PP, justificó la iniciativa como una forma de resolver la paralización de la actividad hostelera que se produce cuando se solicita la licencia y la Administración tarda meses en otorgarla. Añadió que la hostelería se ha convertido en «una actividad refugio» para muchas familias que sufren el desempleo.

El portavoz de la asociación 'No más ruido', que lucha contra el incumplimiento de la normativa vigente en los locales de hostelería del centro de Murcia, Pedro Pérez Piernas, Criticó al PP por «ignorar terribles sucesos que han ocurrido en nuestro país, algunos muy recientes, que han terminado con la muerte de personas por incumplir un local las debidas condiciones de seguridad y que pusieron de manifiesto carencias legales y malas prácticas administrativas que ahora se pueden reeditar. Tampoco parece una medida buena para el sector hostelero, ya que la supresión de la licencia de actividad provocará la apertura de establecimientos que no han invertido en medidas preventivas, con lo que suponen una competencia desleal para los establecimientos que sí han hecho esas inversiones».

Pedro Pérez también mostró su sorpresa ante las quejas de los parlamentarios del PP por la tardanza de las licencias de apertura. «Es sorprendente que el PP justifique esta medida en la lentitud de la Administración para resolver sobre la licencia de actividad, cuando esta es una competencia municipal y el Partido Popular gobierna en 40 de los 45 municipios de la Región. Por tanto, parece que pretende solventar su supuesta incapacidad para gobernar y resolver los asuntos con eficacia y rapidez suprimiendo la licencia de actividad y eludiendo así sus responsabilidades legales y para con los ciudadanos».

Por su parte, el director general de Industria, Alfonso García, explicó que la apertura de un establecimiento público exige la presentación de certificaciones que acrediten la capacidad y la correcta ventilación y evacuación del local, así como el cumplimiento de la regulación acústica. El propietario deberá acreditar además que cumple las normas exigidas a las instalaciones eléctricas, de gas, de extracción de humos y contra el fuego mediante la presentación de los correspondientes boletines y certificados. A su vez, el ayuntamiento, que es el encargado de conceder la licencia, debe realizar una inspección para cerciorarse de que todas las instalaciones se ajustan a la normas de seguridad y a las condiciones declaradas por los técnicos que firman los boletines. En caso de incumplimiento, se exige la subsanación de las anomalías.

Por otra parte, la dirección de Industria realiza también inspecciones con carácter aleatorio, pero no visita todos los establecimientos. A juicio del director general, cabría la posibilidad de acelerar el proceso burocrático si «el técnico que ha realizado el proyecto firma la declaración responsable» y asume la responsabilidad ante la Administración que da la licencia.