El fiscal superior de la Comunidad Autónoma, Manuel López Bernal, pasó ayer al ataque en una entrevista radiofónica concedida a Onda Cero Radio en Murcia y recogida por esta Redacción, donde confirmó que investiga los viajes de placer que el expresidente Ramón Luis Valcárcel y el exconsejero Francisco Marqués realizaron con Hefame, tal y como le encargó la pasada semana el magistrado instructor de Novo Carthago, Manuel Abadía, en una providencia dictada tras una denuncia del abogado de la acusación particular Diego de Ramón.

Además, en la entrevista, López Bernal considera que el consejero de Eduación, Cultura y Universidades, Pedro Antonio Sánchez, sigue sin demostrar que no cometió cohecho en la compra de su vivienda particular en Puerto Lumbreras, pese a la documentación que el responsable regional remitió en el mes de julio al magistrado instructor, Julián Pérez-Templado, después de acudir a declarar voluntariamente. De esta manera, el fiscal superior avanzó que, en el caso de que el juez decida archivar la causa contra el dirigente popular, la Fiscalía estará al quite para presentar el correspondiente recurso a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ), como ya hiciera con el anterior sobreseimiento de la causa.

López Bernal, quien desde que llegó a la fiscalía superior en 2006 es considerado por numerosos dirigentes del PP regional como uno de los mayores enemigos del partido por las investigaciones abiertas contra altos cargos populares, señaló asimismo que los profesionales de la Administración de Justicia, sobre todo jueces y fiscales, «no actuamos por motivaciones políticas», en la línea de lo declarado por el presidente del TSJRM, Juan Martínez Moya, quien manifestó el miércoles que los magistrados «somos inmunes a las críticas de los políticos.

Tampoco ve con bueno el fiscal que los altos cargos de la Administración pública imputados por la Justicia permanezcan en sus cargos, como ocurre en el Gobierno regional, donde hay dos consejeros imputados. A juicio de López Bernal, «si un cargo público sigue imputado tras declarar ante el juez debe ser cesado y no esperar al juicio oral». Siguiendo la doctrina del fiscal, ya tendrían que haber abandonado sus cargos dirigentes como el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, o los mismos consejeros Pedro Antonio Sánchez y Antonio Cerdá.

El fiscal superior de la Comunidad reflexionó sobre la importancia de cada delito, y rechazó que la prevaricación administrativa (de lo que se acusa a la mayoría de imputados) tenga menos relevancia que el cohecho. Y es que, según es su criterio, «no se puede mantener en una administración a alguien que adopta decisiones contrarias a la Justicia a sabiendas, que es el delito de prevaricación».

Por otra parte, el abogado murciano Diego de Ramón, que ejerce la acusación popular en el caso Novo Carthago, ha presentado un escrito a la Fiscalía Anticorrupción ampliando la denuncia presentada el pasado mes de julio, contra Ramón Luis Valcárcel y Francisco Marqués por los viajes de Hefame. Les acusa a ambos ahora de utilizar las cuentas bancarias de la compañía «como paraíso fiscal».