Los ayuntamientos de la Región tendrán que seguir poniendo entre 35 y 40 millones de euros para pagar a los conserjes de los colegios y para abonar las facturas de los centros docentes y de los consultorios de la Comunidad Autónoma. La reforma local ha reconocido que estos gastos corresponden a las competencias autonómicas, pero no obligará a la Administración regional a asumirlos hasta que se apruebe el nuevo sistema de financiación. El secretario de la Federación de Municipios de la Región, Manuel Durán, reconocía que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que entró en vigor hace ocho meses, no ha resuelto la vieja aspiración de los ayuntamientos, pero considera que los consistorios están «más cerca de una situación aceptable. No es la mejor reforma posible, pero no ha sido para peor. Todos no podíamos estar haciendo todo».
En un momento de duros ajustes presupuestarios el rescate de las competencias autonómicas que costean los ayuntamientos habría supuesto un nuevo varapalo a las arcas regionales. La Comunidad, que a principios de verano llevó a la Asamblea Regional un decreto ley para evitar que las mancomunidades de servicios sociales o las oficinas de información al consumidor quedaran en el limbo al pasar a ser competencias exclusivas de la Administración regional, sostiene que no ha tratado de escurrir el bulto, sino de salvar los servicios que venían prestando los ayuntamientos para que puedan mantenerse.
Aunque la batalla por la financiación de estas competencias -a las que los alcaldes llaman «impropias»-, parece un simple enredo administrativo, adquiere una especial repercusión en el gasto municipal, dado que los ayuntamientos tienen que dedicar a estos servicios un dinero que debería tener otros cometidos. Mientras tanto, las comunidades escurren el bulto, a la espera de que el Estado atienda sus reivindicaciones. Los impuestos locales, que deberían invertirse en obras necesarias para el municipio, acaban financiando servicios que agrandan el agujero del déficit.
La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local debería haber resuelto esta vieja disputa, pero Murcia, al igual que otra media docena de autonomías, ha aprobado un decreto ley que permite mantener las cosas como estaban. Hasta que el Gobierno de Mariano Rajoy establezca un nuevo reparto que determine la participación de las autonomías y de las corporaciones locales en los ingresos del Estado, aplazado sine díe, todo seguirá igual
Según las estimaciones del secretario de la Federación de Municipios, los servicios dependientes de la Comunidad que costean los ayuntamientos cuestan entre 35 y 40 millones, una cantidad superior incluso a las inversiones que pueden permitirse los consistorios. Añadió que la Federación ha creado una comisión de trabajo para ver cómo se van resolviendo las situaciones que plantea la ley. El objetivo era que se delimitaran competencias» y asignar cada una a una administración, pero la reforma se ha quedado a mitad de camino. «Estamos más cerca de una situación aceptable que estábamos antes. No es la mejor reforma posible, pero no ha sido para peor» aseguró Durán.
Por su parte, el consejero de Presidencia, José Gabriel Ruiz, que llevó el decreto ley a la Asamblea Regional para salvar el impacto de la reforma local, aseguró que su objetivo no era «obviar la legislación existente ni la modificación operada por el Gobierno central, sino que clarifica y confirma la aplicación de la legislación sectorial autonómica dentro de este nuevo marco que ha supuesto la legislación estatal». Recordó igualmente que «Castilla y León, Andalucía, Galicia, La Rioja o Cataluña también han dictado normas para aclarar las interpretaciones que esta reforma ha supuesto y garantizar la prestación de servicios públicos esenciales».
El comisionado para Asuntos Económicos, el diputado del Congreso Vicente Martínez-Pujalte, aseguró que el Gobierno regional mantendrá «su apoyo al Gobierno de España y su absoluta lealtad y colaboración. Es el mejor camino». Martínez Pujalte negó que la aprobación de la norma regional suponga ningún intento de rebelión ni trata de sortear la reforma estatal. «No creemos que se defienda el interés de los ciudadanos con políticas reivindicativas», afirmó. Reiteró que el Gobierno central garantiza totalmente la necesidades financieras que pueda tener la Comunidad y tiene claras dos líneas rojas: «Que no dejará de pagar a los proveedores ni dejará de prestar los servicios a los ciudadanos».
