Unos 800 parados de la Región que esperaban poder acogerse a la jubilación anticipada a los 61 años de acuerdo con el convenio que tienen firmado con la Seguridad Social ven peligrar la posibilidad de empezar a cobrar la pensión, según la estimación que hacía ayer el secretario general de UGT, Antonio Jiménez. Se trata de trabajadores con un acuerdo especial con la Seguridad Social desde que perdieron su empleo, que han estado cotizando para mantener el importe de su pensión cuando cumplieran la edad de jubilarse, pero el ministerio de Empleo intenta retrasarla de los 61 a los 63 años. Ante las protestas que ha originado este anuncio, el departamento de Fátima Báñez ha respondido que revisará detenidamente las 35.000 solicitudes que tiene pendientes en este momento.

Jiménez, que ayer presentó una guía para pensionistas y personas dependientes, destacó que estos trabajadores provienen de una situación de desempleo, por lo que están haciendo un esfuerzo «tremendo para poder seguir cotizando». Explicó que tenían un derecho de poder jubilarse a los 61 años, pero ahora se pretende retrasar dos años el cobro de la pensión, «sin perjuicio del criterio interpretativo del INSS, que no termina de aclararse».

Añadió que el aplazamiento de la pensión hasta los 63 años coloca a entre 800 y 1.000 trabajadores murcianos y a 35.000 de toda España en «una situación insostenible de desprotección, porque lo que pretende la Seguridad Social es que tengan que afrontar dos años más el coste de un convenio especial, que es especialmente costoso». Advirtió también de que los trabajadores de más edad se verán perjudicados por la difícil situación laboral, y «especialmente, la población que pasa a la inactividad laboral. Hay que unir la precariedad laboral, los bajos salarios y las condiciones de trabajo que, por desgracia, afectan especialmente a los trabajadores que van a pasar a la jubilación».