Uno de sus compromisos en el debate de investidura fue el de la máxima transparencia en la Administración regional. Él, que ha ejercido como abogado durante más de treinta años, es el presidente del Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular en la Región de Murcia, el organismo que abre expedientes a los cargos públicos populares imputados por la Justicia, unos cuantos en esta Región. Ayer se pronunció por primera vez sobre el caso Novo Carthago, que ha salpicado ya a un miembro de su Gobierno, el consejero Antonio Cerdá, y al delegado del Gobierno murciano, Joaquín Bascuñana.
El presidente de la Comunidad Autónoma, Alberto Garre, exigió ayer que se deje actuar a la Justicia en el caso Novo Carhago -que investiga las supuestas irregularidades administrativas en la recalificación de un espacio protegido para construir viviendas- y que no se haga un juicio político a los imputados antes de tiempo. Además de Bascuñana y Cerdá, el magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJRM), mantiene también imputados al que fuera consejero de Medio Ambiente Francisco Marqués y a varios exaltos cargos de la Administración regional, como Antonio Alvarado y José María Bernabé, entre otros.
Alberto Garre insistió ayer, tras ser preguntado por el caso Novo Carthago por los medios de comunicación, en que, de momento, «hay que ser prudentes», ya que se acaba de conocer la imputación de Bascuñana, y esperar a que se le tome declaración judicialmente y se pronuncie el juez sobre si mantiene o no las acusaciones.
Una vez que se produzca, remarcó el presidente de la Comunidad Autónoma, «será el momento de pronunciarse sobre hechos más contundentes». Es una resolución judicial la que tiene que pronunciarse sobre el asunto, «y no el resto de los políticos», defendió el dirigente autonómico.
En esta línea, el jefe del Ejecutivo regional pidió al Poder Judicial que lo haga «con celeridad», no solo para los políticos, sino para todos los ciudadanos. «Si no es así, no será un juicio justo», indicó Garre, quien lamentó asimismo que se esté asistiendo a procesos judiciales «interminables».
No obstante, el presidente de la Comunidad admitió que el PP ha abierto un expediente para recabar información sobre el caso, «lo dicen nuestros estatutos», pero hay que esperar para tener toda la información posible.
El propio Alberto Garre ya conoce de primera mano la preocupación que existe en el seno del Partido Popular nacional por la cantidad de imputados que hay entre los cargos públicos de Murcia. El presidente fue llamado a una reunión la pasada semana a la sede de la calle Génova de Madrid para hablar sobre este asunto, como publicó LA OPINIÓN.
Además de dos consejeros, ya se la han visto con la Justicia el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara. La alcaldesa de Cartagena y diputada nacional, Pilar Barreiro, también está implicada en Novo Carthago.
