30 de mayo de 2014
30.05.2014
Asamblea

El interventor contesta a los empresarios que han cobrado 2.434 millones

Eduardo Garro declara en la Asamblea Regional que en Murcia "todas las deudas están reconocidas"

29.05.2014 | 22:58

El interventor de la Comunidad Autónoma, Eduardo Garro, que ayer compareció ayer ante la comisión de Hacienda de la Asamblea Regional, quitó importancia a la deuda que ha llevado a los empresarios a reclamar un nuevo plan de pagos y aseguró que los proveedores de la Administración regional han cobrado 2.434 millones entre 2012 y abril de 2014, en declaraciones a Onda Regional. Según las estimaciones de la patronal CROEM, el Ejecutivo ha acumulado facturas por importe de 1.000 millones en el año que ha transcurrido desde que se cerró el anterior plan de pago.

Eduardo Garro, que también informó –en representación del consejero de Hacienda, Francisco Martínez Asensio– sobre los informes del Tribunal de Cuentas correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011, recordó que la Comunidad ha pagado a sus proveedores 2.434 millones entre 2012 y abril de este año con cargo a los planes de pago y al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), «gracias al apoyo del Ministerio».

Precisó que «todas las deudas están reconocidas, al contrario que en Andalucía» y destacó el esfuerzo de contención del gasto en el Servicio Murciano de Salud.

El responsable de Economía y Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Alfonso Navarro, pidió ayer la comparecencia del consejero de Hacienda ante la comisión «para dar las explicaciones que ayer no llegó a dar el interventor sobre el informe del Tribunal de Cuentas. Navarro señaló que el interventor «ha intentado justificar el informe negativo que hace el Tribunal de Cuentas, pero la evidencia es que durante esos dos años la Administración regional no hizo los deberes. Estamos ante un informe tremendamente negativo que pone en tela de juicio la calidad de los servicios públicos y la calidad de la propia Administración regional».

Añadió que «sobre el aval del aeropuerto, que cuesta a los murcianos 200 millones de euros, el Tribunal de Cuentas manifiesta que su concesión ha supuesto una alteración sustancial de las condiciones públicas de la licitación».

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook