10 de marzo de 2014
10.03.2014
'Caso Zerrichera'

El juez sobresee la imputación del ex consejero Marqués

10.03.2014 | 14:50

El Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, que investiga el caso de La Zerrichera sobre presunta corrupción urbanística en torno esta finca protegida de Águilas, ha decretado el sobreseimiento provisional para el exdelegado del Gobierno y exconsejero de Medio Ambiente Francisco Marqués.

La misma medida ha sido acordada con respecto a la que fue secretaria general de esa consejería María Reyes Sánchez, el exalcalde de Águilas Juan Ramírez, la esposa de Marqués, María Jesús Miedes, y José López, exconcejal de Agricultura de este municipio.

El auto, al que ha tenido acceso Efe, indica que aunque los informes aportados a la causa sobre el patrimonio del exconsejero y exdelegado del Gobierno -que está defendido por el abogado Jaime Peris Riera- reflejan que "alcanza considerables dimensiones", no se ha acreditado que tenga un origen ilícito.

Y añade que no está probado que responda a la "hipotética recepción de ingresos económicos vinculados a la toma de decisiones dependientes de los órganos administrativos que dirigía, y favorables a la actuación urbanística de La Zerrichera".

El juzgado añade que de las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora no se desprende tampoco ningún dato objetivo que permita fundar un juicio de probabilidad sobre la existencia de presiones directas o indirectas por parte de Marqués sobre sus subordinados dirigidas a la recalificación de los terrenos que habrían permitido la urbanización de esa finca.

Por el contrario, sí se considera necesario mantener la imputación que pesa sobre exaltos cargos de Urbanismo del Gobierno de Murcia, entre ellos, José María Ródenas, que fue subdirector general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, y Antonio Alvarado, exdirector general de Calidad Ambiental.

También se mantiene para Manuel Alfonso Guerrero, que fue director general de Vivienda; Encarnación Muñoz, exdirectora general del Medio Natural, y Juan Ignacio Sánchez, jefe de servicio de Calidad Ambiental.

El caso Zerrichera comenzó a ser instruido en 2007, tras la denuncia presentada por un concejal del PSOE de Águilas y las actuaciones promovidas por la Asociación de Naturalistas del Sureste y Ecologistas en Acción, que se mostraron contrarias a la urbanización de la finca, al incluirse en ella espacios protegidos.

Su recalificación había sido instada por el empresario Trinitario Casanova en nombre del Grupo Hispania, que pretendía construir 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf, proyecto que finalmente no se llevó a cabo.

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