Dos murcianos han hecho posible que, 57 años después, se vaya a producir en España un juicio contra los responsables de que alrededor de 200 bebés nacieran sin brazos y piernas en España por culpa de la talidomida, un medicamento fabricado por la multinacional farmacéutica alemana Grünenthal para calmar las molestias en las embarazadas y que fue retirado al comprobarse que tenía consecuencias fatales para los fetos.

El juicio está previsto para el próximo 14 de octubre a las 10,00 horas en el Juzgado de 1ª Instancia número 90 de Madrid. Se trata de una demanda civil presentada hace dos años por la Asociación de Víctimas de Talidomida de España (AVITE), que tiene su sede en Alcantarilla, ya que su presidente y socio fundador es el murciano José Riquelme, afectado por este fármaco que consumió su madre durante el embarazo, desconocedora de sus efectos.

AVITE ha recurrido a la vía civil y reclama a la multinacional alemana la cantidad de 20.000 euros por punto porcentual de minisvalía que tengan los afectados inscritos en la asociación (unos 200 en toda España, 20 en la Región de Murcia). La suma total alcanzaría los 204 millones de euros, según señaló el abogado de AVITE, el también murciano Ignacio Martínez, especialista en negligencias médicas. Declarará en el juicio, que solo durará un día, como el responsable de la compañía alemana en España. No se ha podido reclamar responsabilidades al responsable de la farmacéutica en los años en los que se fabricó y comercializó el medicamento, el doctor Wirtz, que falleció hace unos años.

José Riquelme asegura que va a ser el primer juicio por el desastre de la talidomida en España que se produzca y que, en función del resultado, «podría tener un efecto dominó en otros países». Riquelme asegura que España fue uno de los países en los que el fármaco se mantuvo en las farmacias pese a que en Europa ya habían aparecido casos de bebés con malformaciones en las extremidades.

Riquelme asegura que para que se lleve a cabo el juicio resultó fundamental el real decreto aprobado en 2008 por el Ejecutivo de Zapatero en la que les reconoció como víctima de la talidomida y se les concedió una indemnización en concepto de deuda moral. El presidente de AVITE asegura que en países como Alemania, la cuantía de las indemnizaciones a los afectados ya va por 500 millones.