El PP aprueba en solitario el recorte de las pagas extra de los funcionarios

El consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, que ha estado presente en el pleno, ha explicado a la prensa que esta proposición de ley forma parte de un conjunto de medidas más extenso recogido en el plan de reequilibrio, y que tendrá como objetivo hacer sostenibles las cuentas públicas regionales.

Se trata, ha indicado, de una medida que "no gusta" al Gobierno autonómico, pero que es "inevitable", ya que es imprescindible "liberar recursos" para reforzar medidas de estímulo económico y políticas sociales.

En ese sentido, el diputado del PP Domingo Segado, que ha presentado la norma ante la Cámara, ha cifrado en 20 millones de euros el ahorro que producirá la reducción de las pagas extraordinarias y ha asegurado que esa cantidad se empleará en su mayoría en apoyar el plan especial de fomento social anunciado por el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, durante el Debate del estado de la Región.

Así, ha subrayado, la mayor parte de ese "esfuerzo" que se pedirá a los empleados públicos se utilizará para reforzar la Renta Básica de Inserción o las ayudas a organizaciones benéficas, además de "dotar de credibilidad" a la región en su tarea de reducción del déficit y en su reivindicación de una mejora del sistema de financiación autonómica.

Se trata de una medida "coyuntural y temporal" que ya se ha tomado en otras comunidades autónomas como Andalucía, Galicia o Cataluña, cada una de ellas con un gobierno de partidos diferentes.

El recorte en las pagas extraordinarias, ha recordado, se producirá en diciembre de 2013 y junio de 2014 en cuantías que oscilan del 80 al 60 por ciento dependiendo del nivel salarial de los funcionarios.

El diputado socialista Alfonso Navarro, ha criticado que la propuesta se haya hecho desde el grupo popular y no desde el Gobierno autonómico, lo que evita que el Ejecutivo "dé la cara" ante la Cámara, e impide que los grupos parlamentarios puedan aportar enmiendas o modificaciones al proyecto.

A su juicio, la propuesta supone un "recorte drástico" de en torno al 3,5 por ciento de las retribuciones de los empleados públicos del que "no se escapa nadie" y que hará que se retraiga la economía, ya que dejarán de circular en torno a 70 millones de euros, lo que generará incertidumbre, retracción de la demanda, caída de la producción y, por tanto, caída del empleo.

La medida será "inútil", ha subrayado, como ya lo fue el recorte similar planteado en el pasado ejercicio que no logró el cumplimiento del objetivo de déficit, ya que solo incide sobre los gastos, "cuando el problema es de ingresos", que "caen y no se toma ninguna medida para recuperarlos".

En cualquier caso, el grupo socialista ha planteado que, si el recorte se lleva a cabo, se aplique también a los sueldos de los diputados, y que ese ahorro se aplique a "objetivos sociales", una reivindicación que ha hecho también el diputado de IU-V, José Antonio Pujante, que se ha mostrado "totalmente en contra" de la proposición de ley.

El diputado ha considerado que la medida demuestra el "fracaso" de iniciativas similares adoptadas el pasado año, que no sirvieron para conseguir el objetivo de déficit, como tampoco lo harán este año si no se adoptan "medidas de mayor calado en el campo de los ingresos y de la reestructuración de la administración pública".

La norma, ha insistido, supondrá "más depresión económica y más sufrimiento para los ciudadanos" en aras de la sostenibilidad de las cuentas públicas, cuando "lo que es insostenible es la pobreza, la pobreza infantil y el paro", contra los que "no se hace nada".

En su opinión, "se pueden y se deben aplicar medidas de ahorro y austeridad", así como recortes, pero "en gastos improductivos", a la vez que es necesario aplicar medidas que aumenten los ingresos, ya que la verdadera crisis regional se da por esa vía.