29 de febrero de 2012
29.02.2012
Petición

Piden cambios en procesos judiciales relacionados con menores maltratados

La propuesta ha sido aprobada por unanimidad en la Asamblea Regional

29.02.2012 | 15:09

El pleno de la Asamblea Regional de Murcia ha aprobado hoy por unanimidad una moción por la que insta al Gobierno central a poner en marcha una modificación de las normas procesales en los casos que afectan a menores víctimas de malos tratos o abusos sexuales para evitar la denominada "victimización secundaria".

La diputada del PP Violante Tomás ha sido la encargada de defender esta propuesta, y ha explicado que, en la mayoría de los casos, los menores víctimas de abusos y malos tratos, además de sufrir una agresión, "viven el calvario del proceso judicial" en el que la protección del menor queda en segundo plano por detrás de la intención de castigar al agresor.

Tomás ha lamentado especialmente que los menores agredidos sean sometidos a interrogatorios en múltiples ocasiones en plazos que se alargan hasta dos años, lo que convierte el procedimiento penal contra los agresores en un proceso "doloroso" para los niños.

Por ello, la diputada ha pedido al consejo de Gobierno murciano que inste al Ejecutivo central a impulsar la aportación de recursos de todo tipo para que el testimonio de la víctima se recabe una sola vez y de manera lo más rápido posible, y que esa declaración pueda grabarse en vídeo y emplearse durante el juicio para evitar que los menores tengan que acudir a la vista oral e incluso puedan encontrarse con su agresor.

Además, para evitar esa victimización secundaria, Tomás ha propuesto medidas orientadas a que los niños cuenten con acompañamiento psicológico durante los procesos judiciales y que sean atendidos por equipos multidisciplinares que les ayuden a comprender el lenguaje judicial, en qué consiste el juicio o el papel que desempeñan en él.

Por su parte, el grupo parlamentario socialista había solicitado la ampliación de esta moción con otras iniciativas que ha calificado de "imprescindibles", como fomentar las campañas de sensibilización entre los jueces y fiscales que van a tratar casos en los que las víctimas son niños, e incluso incluir en su formación conocimientos de psicología.

La diputada Teresa Rosique ha defendido también que se adopten protocolos de actuación determinados para que las familias, docentes, médicos y otros profesionales que puedan detectar casos de maltrato o abuso sepan cómo actuar y qué pasos seguir lo más rápidamente posible.

No obstante, su grupo ha votado a favor de la propuesta del PP al considerar que el tema es de "especial importancia" por afectar "a un sector de la población muy vulnerable".

También el diputado de IU, José Antonio Pujante, ha considerado que la moción es "positiva y oportuna", y ha insistido en la importancia de que los menores víctimas de abusos y malos tratos tengan el apoyo durante los procesos judiciales de equipo multidisciplinares, algo que en la región actualmente solo se da en los juzgados de Murcia y Cartagena.

Por otra parte, la Cámara ha aprobado también una moción defendida por la diputada del PP Ana Guijarro para exigir la modificación de la ley regional de Protección y Defensa de los Animales de Compañía, aprobada en 1990.

Guijarro ha insistido en la importancia de adecuar las multas y subir su cuantía para lograr una mayor concienciación del daño que supone el abandono y el maltrato de los animales domésticos.

Además, ha propuesto que sea obligatorio identificar a los animales domésticos con microchips para tener un mayor control sobre ellos y sus dueños, así como elaborar un registro municipal detallado de este tipo de animales y un registro y actualización de los adiestradores de mascotas peligrosas.

El grupo socialista se ha sumado a la propuesta, aunque la ha considerado insuficiente, dado que este partido pedía elaborar una nueva ley que incluyera también la protección de otro tipo de animales, no solo las mascotas.

Por su parte, IU se ha abstenido en la votación, ya que para este partido "hace falta mayor concreción" de la propuesta, que no indica en qué sentido debe ir la actualización de la actual ley.

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