Los ex directores generales de la CAM, María Dolores Amorós y Roberto López Abad, realizaron supuestas maniobras irregulares para conseguir que el balance individual de la caja de 2010 reflejara unos beneficios considerables.
Así lo denunció el pasado viernes la letrada de la caja, Isabel Merenciano, en el juicio por presunto despido improcedente a Amorós, que reclama 10 millones de euros en concepto de lucro cesante.
La letrada aportó como prueba de estas irregularidades un correo electrónico de López Abad en el que enviaba a varios ejecutivos las directrices «para sacar 300 millones» de ganancias. Al final fueron 244 los que se declararon.
Fueron tres las operaciones que se realizaron con este fin, según detalló el perito de PricewaterhouseCoopers, Javier López Andreu, que tuvo que emplearse a fondo para lograr que la titular del juzgado, María Paz Fernández, entendiese la ingeniería contable empleada por Amorós y López Abad. La primera de ellas consistió en titulizar (empaquetar para su venta) un importante volumen de créditos, entre ellos muchos fallidos que, al venderlos, permitían borrarlos del balance de la caja y recuperar las provisiones depositadas ante el Banco de España.
Hasta aquí todo sería correcto. El problema es que, para colocar estos bonos, la CAM suscribía con los compradores una opción de compra y una prima casi por el mismo importe, por lo que en realidad era la caja la que seguía asumiendo el riesgo y legalmente no debería haber recuperado las provisiones. Por esta vía logró 168 millones de euros de forma irregular.
La segunda medida fue la de forzar que las participadas de la entidad repartieran dividendos, en algunos casos incluso a costa de su propia situación patrimonial. El caso más llamativo es el de Gesfinmed, la filial dedicada a la gestión de fondos de inversión, a la que CAM tuvo que conceder un crédito de 14 millones para que dispusiera de liquidez para pagarle los citados beneficios. Esta práctica mejoró los ingresos de la entidad en 163 millones.
El último movimiento fue la ocultación de que seis directivos iban a prejubilarse dentro del ERE que se estaba negociando. De haberse incluido desde un principio a estos ejecutivos, que se embolsaron en conjunto 15,5 millones, la caja tendría que haber realizado mayores reservas en 2010. Fue Amorós la que dio la orden de esconderlo, según otro correo citado por el perito, quien señaló que sin estas maniobras los beneficios de CAM en 2010 se hubiesen reducido a 12 millones.
