La mayoría de diligencias que se registran en la Fiscalía son por delitos contra la ordenación del territorio. La cifra de 77 diligencias penales abiertas en 2010 supera a las 54 de 2009, que ya se consideraban muy numerosas.

En su balance, el fiscal delegado de esta materia, José Luis Díaz Manzanera, detalla casos concretos de construcciones ilegales levantadas sin ningún tipo de licencia. Es el caso de un promotor urbanístico de Molina de Segura, acusado de levantar en suelo no urbanizable unas parcelaciones ilegales. Llegó a demoler una vivienda existente para establecer, incluso, una red de abastecimiento de agua, una instalación eléctrica, vías de acceso a la parcela y vallas, según recoge el informe del fiscal, que resalta que el constructor realizó estas acciones «sin licencia municipal y no siendo susceptible de legalización».

En muchos casos, los promotores e incluso particulares levantan sus construcciones al margen de la ley y sin licencia con la creencia de que sus viviendas, una vez finalizada la construcción, no van a ser demolidas. No es una creencia infundada: en la Región hay centenares de viviendas declaradas ilegales que están finalizadas y no han sido demolidas. La excusa: que junto a la vivienda ilegal hay otras que no cumplen la normativa y también tendrían que derribarse, pero el delito habría prescrito.

Administración y juzgados se pasan la pelota de decretar la orden de derribo. Así se recoge en el informe de 2010 del fiscal delegado, que indica que «los fiscales en Murcia están pidiendo incansablemente la demolición», y añade que, a diferencia de otras comunidades donde sí se derriban incluso bloques de edificios, en Murcia «la tónica jurisprudencial es denegar la demolición» con el argumento de que hay otras cercanas ilegales.