La principal prueba de que el funcionamiento de los servicios públicos de empleo deja mucho que desear es la profunda reforma a la que están siendo sometidos, con la incorporación, entre otros cambios, de orientadores en las oficinas, que en estos momentos lidian con el mayor volumen de parados en la historia. No son precisamente un oasis laboral. Apenas dos de cada cien asalariados en la Región de Murcia consiguió colocarse con su ayuda en una de las pocas ofertas que llegan a la Administración.
La bajísima proporción de puestos que se consiguen es un mal común entre todas las comunidades y que además empeora al mismo ritmo que la ocupación por el lastre de la crisis.
De hecho, en 2005 y 2006, dos ejercicios todavía muy fuertes para la economía, el volumen de trabajadores que tenía mejor suerte con el Servicio de Empleo y Formación (SEF) superaba el 3% del total. En cambio, durante 2010, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la cifra cayó hasta el 1,9% de las 472.000 personas que consiguieron firmar un contrato. Esto supone que alrededor de 9.000 murcianos obtuvieron trabajo gracias al SEF, una cantidad que está compuesta principalmente por mujeres (7.000, frente a solo 2.000 hombres), una cifra que solo supone dos terceras partes de la conseguida en 2006.
La intermediación pública en el mercado laboral en la Región se asienta en una red de 25 sucursales, con 450 empleados repartidos entre los servicios centrales y las oficinas. Sindicatos y empresarios critican la reducida efectividad del servicio, debido a «la excesiva burocracia» y los problemas en la elección del candidato idóneo para cubrir cada perfil. Unos y otros sostienen que la conexión entre el servicio y la realidad del tejido productivo no es la adecuada.
Esto supone un obstáculo infranqueable ante las facilidades que puede ofrecer para una compañía el contacto directo con el mercado de trabajadores, bien a través de anuncios en prensa o bien mediante portales de Internet especializados en ofertas de trabajo, los cuales se encargan incluso de realizar las primeras cribas en función de las necesidades que plantea el cliente. Tampoco hay que olvidar el boca a oreja tradicional, así como las empresas de trabajo temporal, que movieron en la Región 12.000 contratos en el año 2010, un 2,6% del total. Esta cifra es un 33% superior a la de los servicios públicos.
¿Qué ocurre en el resto del país? Pese a las diferencias, que las hay, los porcentajes siguen siendo mínimos, y cada vez más bajos. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla destacan muy por encima de los demás territorios, con un 6,6% y un 5,8%, respectivamente, según el INE. A continuación está Extremadura, donde un 4,3% de sus trabajadores en 2010 lograron un puesto con los servicios públicos de colocación. Le siguen Galicia y Castilla-La Mancha, con un 3,9%. El porcentaje se reduce al 3,5% en Valencia y Castilla y León; un 3,1% en Cantabria; y un 3% en Aragón y La Rioja. Asturias se sitúa en el 2,9%; en el 2,8% Navarra; y en el 2,7% Canarias. Este es el grupo de las regiones que aguantan por encima de la media nacional, de un 2,4%. País Vasco, Andalucía, Madrid, Baleares y Cataluña, se mueven entre un 2,2% y el 1,4% del total de asalariados, un grupo en el que está incluida la Región de Murcia.
Agencias de colocación
Otra de las modificaciones que se avecina en el panorama laboral es la aparición de las agencias privadas de colocación.
El Gobierno publicó a finales del pasado año el real decreto que las regula «como entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que, en coordinación y, en su caso, colaboración con el servicio público de empleo correspondiente, realicen actividades de intermediación laboral que tengan como finalidad proporcionar a las personas trabajadoras un empleo adecuado a sus características y facilitar a los empleados las personas trabajadoras más apropiadas a sus requerimientos y necesidades».
Tanto esta medida como el refuerzo de las oficinas de los servicios públicos de empleo se justifican, según el ministerio de Trabajo, «con el objetivo de responder con decisión a las profundas secuelas que está dejando la crisis económica y financiera en nuestro mercado laboral».
